Mundial: en Brasil proliferan armas de fuego

Una bala perdida alcanza en el cuello a un niño pequeño cerca de una zona donde miles de hinchas habían visto el partido de Brasil en una pantalla gigante. Se escuchan disparos cerca de la sede de entrenamiento de Honduras. Un policía fuera de servicio es captado por una cámara cuando desenfunda su pistola y dispara al aire para dispersar a un grupo de manifestantes.

Desde Fortaleza en el norte hasta Río de Janeiro en la costa, pasando por las zonas rurales del estado de Sao Paulo, han resonado algunos disparos durante esta Copa del Mundo.

Las armas de fuego proliferan en Brasil, donde el tráfico de drogas ha engendrado violencia. En un momento en que los ojos del mundo están puestos sobre el país sudamericano durante el máximo suceso del fútbol, es inevitable que la cultura de las armas en Brasil pase desapercibida.

Los más de 15 millones de armas que hay en el país se encuentran principalmente en manos de pandilleros y policías.

La cifra de muertes por armas de fuego en la nación figura todavía entre las mayores del mundo, pese a que el número de homicidios se ha estabilizado en los años recientes. Unas 40.000 personas mueren anualmente por disparos en Brasil, casi cuatro veces más que en Estados Unidos, el mayor mercado de armas de fuego para civiles en el mundo y un país cuya población supera a la brasileña por casi 100 millones de personas.

Las armas proliferan en Brasil pese a severas leyes que limitan su tenencia y que harían enfurecer a los defensores del derecho a portar una pistola en Estados Unidos. Como todo en el burocrático Brasil --desde abrir una cuenta de un banco hasta inaugurar una empresa-- la adquisición de una pistola puede llevar mucho tiempo.

Además de someterse a una revisión de antecedentes, los compradores deben completar una declaración jurada sobre por qué quieren adquirir el arma. Un psicólogo necesita evaluar a los interesados, quienes también deben demostrar que saben cómo manejar un arma.

Como resultado, muchas pistolas se obtienen ilegalmente. Los pandilleros que imponen su ley en las barriadas de las grandes ciudades, como Sao Paulo y Río de Janeiro, prefieren las armas de asalto, contrabandeadas por la porosa frontera con Argentina o por otras zonas. Las pistolas y armas de menor calibre son en su mayoría fabricadas en Brasil y se venden legalmente, pero terminan colocadas en el mercado negro por bandas criminales que las roban a los policías.

Tampoco es raro que un policía venda un arma que incautó en la escena de un crimen.

"Brasil está inundado por la violencia, y mucha gente llega a pensar que si se hace de un arma puede defenderse", dijo Antonio Costa, fundador de Río da Paz, un grupo que trabaja para reducir los hechos violentos. "Pero ésa es una falacia, porque los delincuentes siempre están mejor armados y saben cómo atacar cuando la víctima menos lo espera".

En el hecho más reciente, el martes por la noche, dos personas a bordo de un automóvil abrieron fuego en la misma playa de Fortaleza donde horas antes miles de personas se reunieron en el Fan Fest de la FIFA para ver el partido en que Brasil empató sin goles con México. Un niño de 7 años fue llevado a un hospital por una herida de bala.

Las autoridades no han reportado ningún otro lesionado por arma de fuego en sedes o eventos relacionados con la Copa del Mundo.

Costa se muestra pesimista respecto de si podrá abatirse la violencia con armas de fuego en Brasil. Considera que sólo una tragedia puede concientizar a los brasileños sobre el riesgo de las pistolas.

Recordó que la presidenta Dilma Rousseff promulgó este mes una ley que permite a los guardias carcelarios portar armas cuando están fuera de servicio, en respuesta a las amenazas que reciben de delincuentes presos o libres. Costa considera que esa ley refleja una arraigada cultura de la defensa propia, ante la rampante impunidad en un país donde el 90% de los homicidios queda sin esclarecer.

Desde 2005, cuando los votantes rechazaron en un referéndum una propuesta para prohibir que civiles compren armas y municiones, el gobierno ha confiado más bien en una campaña de desarme para combatir la espiral de violencia. Se pagan 200 dólares a cualquier persona que entregue un arma.

Pero muchas de las 600.000 armas entregadas en la última década son pistolas y fusiles viejos, no las armas automáticas que varios criminales portan.