Guerrilleros no quieren a cárcel, dice jefe FARC

Los rebeldes de las FARC no quieren ir a prisión y advierten sobre la responsabilidad de civiles y militares en el conflicto armado, al tiempo que están dispuestos a dejar las armas si se llega a un acuerdo de paz, se informó el viernes.

"En la mesa estamos buscando ponerle punto final a ese conflicto... Si la salida es que todos estemos presos, ¿cuántas cárceles habría que construir? Parece que se pensara que sólo cabe la prisión para los jefes guerrilleros como si tanto mando militar, policial o político, incluidos gobernadores, ministros y hasta presidentes, no fueran los principales responsables de tanta atrocidad producida en Colombia", dijo "Timoleón Jiménez" o "Timochenko" en declaraciones publicadas por la radio colombiana La FM.

Los negociadores insurgentes ya han descartado en el pasado penas de prisión y han pedido además el otorgamiento directo de bancas legislativas para los movimientos políticos que surjan tras un eventual acuerdo de paz, entre otras demandas.

Delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen desde fines de 2012 en La Habana negociaciones de paz con base a una agenda de seis puntos, que no incluye un cese al fuego mientras se realizan los diálogos y en la que restan por definir los más espinosos asuntos, desde qué sucederá con los jefes insurgentes en caso de que se firme la paz y si se le conmutaría la pena por delitos pendientes, entre otros temas.

En la jornada, el fiscal general Eduardo Montealegre indicó a The Associated Press que aún no se decide la fórmula legal para el tratamiento de los rebeldes en caso de un acuerdo de paz, pero que en su opinión debe considerarse la eventual suspensión de penas. No hay hasta ahora en debate un proyecto de ley que diga exactamente cuál sería el tratamiento para los rebeldes que dejen las armas y cómo se aplicaría, entre otros.

El fiscal dijo que "a priori no puede decirse cuál es mínimo de pena que debe cumplirse para que no haya impunidad. El mínimo de sanción que debe imponerse debe ser producto de una ponderación entre los derechos que se encuentran en juego: entre las necesidades de la paz y las necesidades de la justicia".

"Si se llega a demostrar que es necesario para consolidar la paz, para evitar que se repitan los más de 200.000 muertos en el conflicto armado colombiano (de casi 50 años)...en el futuro, y si la herramienta es la necesidad de una suspensión de penas, acompañada por ejemplo de penas alternativas, esa es una valoración que sólo podrá formularse en el momento en que concluya el proceso (de paz)...Por ahora es prematuro hacerlo", enfatizó Montealegre.

Militares y funcionarios civiles, como gobernadores o congresistas, ya son investigados y castigados por la justicia y hay decenas de ellos presos por cargos como alianza con los paramilitares y participación en masacres de civiles, entre otros.

Rebeldes de las FARC también son juzgados y encarcelados actualmente, pero en medio de la negociación de paz los jefes insurgentes buscan beneficios legales en caso de que se firme la paz.

Consultado por el desarme del grupo guerrillero, Timochenko, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Londoño Echeverry, indicó que "si logramos un acuerdo de paz con justicia social, tengan la plena seguridad que desde el guerrillero más antiguo hasta el más nuevo lo van a respaldar, en ese momento las armas quedarán relegadas a un segundo plano".

Pero "es difícil avanzar cuando una de las partes le dice no a todo... Las FARC, más que voluntad, tenemos la disposición reafirmada hace poco en una consulta interna (entre los insurgentes) con la gran mayoría de nuestros cuadros de jugárnosla por la paz con justicia social", dijo Timochenko en la inusual entrevista desde las montañas colombianas, según dijo la radio sin precisar la fecha de la consulta.

El jefe rebelde, de 54 años, ha concedido en el pasado declaraciones pero a medios escritos como el semanario Voz, del partido comunista colombiano.

El comandante máximo de las FARC se quejó además por las órdenes que mantiene el presidente Santos a las fuerzas militares de combatir a la guerrilla y dar muerte a sus integrantes.

"Preocupa la creencia de Santos de que para avanzar en la mesa de La Habana hay que poner sobre ella nuestros cuerpos destrozados por las bombas... es como si nosotros estuviéramos urdiendo todo el tiempo planes para matar al presidente con la creencia de que sus sucesores amedrentados firmarían más rápido un acuerdo" de paz, destacó Timochenko.

Las FARC son la guerrilla más antigua del hemisferio y tiene unos 8.000 miembros en armas, según los datos oficiales.