Presidente exige investigación de tráfico de armas

El presidente Salvador Sánchez Cerén pidió el jueves a la Fiscalía General que investigue a profundidad el supuesto comercio ilegal de armas de los militares en el que, según las denuncias, estarían involucrados jefes castrenses.

El mandatario, que es también el comandante general de la fuerza armada, expresó en rueda de prensa su preocupación por el ambiente de confrontación pública que puede "generar ya la condena de estas personas sin ser juzgadas".

Le exigió al Fiscal Luis Martínez que haga las investigaciones "lo más científicas que se pueda".

"Que se investigue... pero lo que no me parece (es) que estamos hablando de generar (un) ambiente de armonía y se estén confrontando instituciones innecesariamente, así que lo que yo le pediría a ambos Fiscalía y ministro de defensa) es cordura", agregó.

Martínez informó recientemente que abrió una investigación sobre las armas que supuestamente estarían en poder de las pandillas, y dijo que había citado en dos oportunidades al ministro de la Defensa David Munguía Payes para declarar sobre el tema, pero que se había excusado y que lo han llamado a presentarse el 18 de junio.

El fiscal dijo que Munguía Payés "está dentro de la investigación. Él ya mandó su defensor particular y eso reafirma que está en proceso de investigación".

Otros altos oficiales de la fuerza armada, a los que no identificó, estarían siendo citados para declarar sobre el caso del tráfico de armas de las tropas gubernamentales.

El presidente manifestó que la venta de armas de la fuerza armada, no es un tema nuevo y recordó que Munguía Payes, denunció a un militar que estaba vendiendo granadas (antitanque M90). "Él fue quien presentó la denuncia y él lo descubrió en la fuerza armada, o sea que eso no es nuevo".

La confrontación entre Martínez y el ministro se agudizó luego que fiscales allanaron guarniciones militares para decomisar documentos relacionados con la investigación de oficiales castrenses por actos arbitrarios y comercio ilícito de armas de fuego, pero alegando "motivos de seguridad nacional" la fuerza armada bloqueó el procedimiento fiscal.

Martínez que afirmó que la investigación no tiene que ver con "secretos de Estado o secretos de seguridad nacional" y ha dicho que no sería ninguna sorpresa que algunas armas en poder de las pandillas estén relacionados con el comercio ilegal de los militares.

En octubre de 2013, las autoridades localizaron 214 granadas antitanque M90 en una vivienda de una pequeña comunidad en el occidente del país y dijeron que tenían como destino el cartel mexicano de los Zetas.

La Fiscalía señaló como responsable al mayor del ejército Elmer Espinoza Hércules, quien habría sacado estas armas ocultas en un camión cargado con arena. El oficial tenía como responsabilidad la destrucción del arsenal obsoleto o en desuso.

Las autoridades de Seguridad han dicho que las pandillas se han convertido en narcopandillas, y que han recibido entrenamiento y armamento militar.

Las pandillas están involucradas en la mayoría de crímenes que se cometen en el país. El 70% de los homicidios se atribuye a las pandillas y un 49% de las víctimas corresponde a miembros de esas estructuras criminales.