Panamá: detención de ecuatoriano es legal

La aprehensión del exasambleísta ecuatoriano Galo Lara en Panamá fue declarada legal por parte de las autoridades judiciales, las cuales resolvieron dar a la cancillería panameña un plazo máximo de 45 días para que decida la extradición o no del político a su país, donde fue declarado culpable en un caso de triple asesinato.

El plazo comenzará a regir a partir del jueves, de acuerdo a la decisión tomada en una audiencia celebrada por los magistrados de la sala segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia a solicitud del Ministerio Público. Lara fue arrestado hace dos días.

Durante la audiencia de dos horas, su defensa argumentó que el exdiputado es perseguido político del gobierno del presidente Rafael Correa. Los abogados solicitaron que se le devuelvan los bienes que se le incautaron, entre ellos una computadora tipo tableta, tarjetas de crédito y seis teléfonos celulares.

El exasambleísta dijo en la audiencia que Ecuador lo reclama en represalia por atreverse a denunciar actos de corrupción en el gobierno de Correa, y dijo que su vida corre peligro si es devuelto a su país de origen.

"Soy un perseguido político de Rafael Correa; quiere que me lleven a Ecuador para asesinarme", expresó.

Al término de la audiencia los agentes volvieron a esposarlo, tras lo cual el político alzó los brazos y vociferó: "¡con orgullo me las pongo!".

Lara fue detenido en Santa Catalina, en la provincia central de Veraguas, el pasado lunes y de allí fue trasladado a las oficinas de la Interpol en la capital panameña. Las autoridades ecuatorianas esperan que Panamá cumpla con una solicitud de extradición formulada por la justicia del país sudamericano, que lo sentenció como cómplice de un triple homicidio en su país.

Lara, del Partido Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005), se ha declarado inocente y, poco antes de ser sentenciado, huyó a Panamá en septiembre de 2013. En un principio recibió asilo político, el cual le fue revocado recientemente.

El exlegislador se declaró inocente de la muerte de un matrimonio y un hijo pequeño, degollados por sicarios. Acusó al gobierno de hacer un montaje para incriminarlo como cómplice en el caso en que su mujer fue declarada autora intelectual del triple asesinato.