Indagatoria a vicepresidente complica a Fernández

La indagatoria judicial al vicepresidente Amado Boudou, el funcionario con peor imagen y segundo en la línea de sucesión, ha situado a la presidenta Cristina Fernández en uno de los momentos más vulnerables de su gestión.

"Varios funcionarios de este gobierno se han visto implicados en causas de corrupción, pero ahora se está involucrando al vicepresidente en funciones", sin que haya antecedentes en Argentina de que un político de ese rango haya sido indagado, dijo a The Associated Press Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político.

Boudou, de 51 años, se presentó el lunes ante juez federal Ariel Lijo como sospechoso de adquirir de forma irregular en 2010, cuando era ministro de Economía en el primer mandato de Fernández, la imprenta de billetes de curso legal Ciccone Calcográfica con el fin de beneficiarse de jugosos contratos con el Estado.

El peor momento político de Boudou salpica a la mandataria peronista, señalaron analistas. La elección del economista como compañero de fórmula electoral para los comicios generales de 2011 fue una decisión personal de Fernández incluso en contra del parecer de un sector del peronismo y de miembros del propio gobierno, que criticaban al funcionario de imagen frívola y sin trayectoria en ese movimiento, sostuvo Giusto.

La lealtad de Boudou a Fernández y la buena valoración que ésta tenía de las medidas que impulsó como ministro de Economía y desde otros cargos en la administración pesaron a la hora de elegirlo.

Cuanto más se aproximen las presidenciales de fines de 2015, menos margen tendría la mandataria para manejar un eventual procesamiento de su vicepresidente o una dilatación del proceso judicial por las apelaciones que éste interponga.

"Es el momento más vulnerable para ella porque es el inicio del final de su ciclo", dijo a AP el analista Ignacio Fidanza, director del sitio politicaonline. Fernández no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo porque la constitución se lo prohíbe y por ahora no tiene un sucesor propio.

Según Fidanza, la presidenta no obligará a Boudou a renunciar en el caso de que la situación judicial del funcionario sea cada vez más insostenible y pese a que asesores cercanos se lo habrían recomendado.

"Lo apoya porque se da cuenta que si echa a Boudou, quedará expuesta. Las tapas de los diarios dedicadas a él van a estar dedicadas a ella. Y dirán: '¿Hasta dónde convalidó al vicepresidente? ¿Hasta dónde apoyó la presidenta casos de corrupción?''', sostuvo Fidanza.

La situación es particularmente complicada porque el vicepresidente es quien sustituye a Fernández en el poder cuando la mandataria viaja al exterior o por motivos de salud, como ocurrió en 2012 y 2013 cuando fue sometida a sendas operaciones.

Boudou acusa a grandes medios de comunicación como el Grupo Clarín y La Nación --ambos de línea editorial crítica-- de haber orquestado la causa en su contra y controlar a la justicia federal.

El vicepresidente defendió su inocencia mientras la presidenta no decía una palabra en público sobre la situación.

Boudou evitó el martes contestar de forma directa si Fernández lo avala en este proceso.

"Yo me defiendo solo... ella no puede estar en cosas que son casi menores en términos de la cabeza de una persona que ejerce con mucha responsabilidad la conducción de un país... con tanta necesidad de mantener el ritmo y aguantar los embates de los grupos económicos y de la prensa concentrada", dijo el funcionario a Radio Continental.

Ante el juez, el vicepresidente negó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica y haberse apropiado de la empresa y acusó a la familia dueña de la firma, algunos de cuyos miembros también han sido citados a declarar, de "recitar un librero pre armado" cuando afirman que el funcionario y un socio los obligaron a vender la imprenta.

"Las acciones que se me imputan son falsas... y tienen por objetivo sacarme de la vida pública, de erosionar la credibilidad de un gobierno", dijo el vicepresidente en su indagatoria, difundida por él mismo.

Boudou ha anunciado que dará batalla jurídica. El delito que se le imputa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, está penado con uno a seis años de prisión y e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En caso de considerar que cuenta con suficientes pruebas para procesarlo, el juez no puede ordenar su detención preventiva porque el mínimo de la pena que contempla el delito está por debajo de los tres años.

Los analistas creen que el vicepresidente utilizará todos los procedimientos posibles para dilatar el proceso. Sin embargo, la prolongación del mismo puede jugar en su contra.

"A medida que proceso avance jugarán otros factores y no sólo la voluntad de la presidenta de sostenerlo", sostuvo Giusto.

Los medios críticos, la opinión pública y los opositores ejercerán una creciente presión para que Boudou dé un paso al costado. "La gente ha entendido bien de qué se trata la causa" y la foto del vicepresidente a su llegada a tribunales tiene "un gran impacto", sostuvo Giusto.

Los opositores podrían intentar un juicio político contra el vicepresidente, aunque éste cuenta por el momento con el apoyo del oficialismo, que controla las dos cámaras legislativas, para que ello no prospere.