Asesinato de senador UP es crimen lesa humanidad

La Fiscalía General declaró el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas perpetrado en 1994 como un crimen de lesa humanidad lo que impediría que prescribiera a los 20 años de ocurrido, informaron el jueves sus familiares.

El congresista Iván Cepeda, hijo del político del izquierdista partido Unión Patriótica, recordó por teléfono a The Associated Press que su padre fue asesinado en Bogotá el 9 de agosto de 1994 por paramilitares y militares corruptos.

Las leyes colombianas establecen que el delito de homicidio prescribe a los 20 años de cometido si no ha sido posible ubicar a sus autores.

Pero, según normas internacionales, cuando se eleva a la categoría de crimen de lesa humanidad el caso se mantiene vigente en el tiempo hasta tanto se dé con el paradero de sus autores intelectuales y materiales.

En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de Cepeda, último senador elegido por la Unión Patriótica, UP.

"Como se sabe, actualmente se está investigando al subdirector del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad o policía secreta), Jose Miguel Narváez, por ese hecho, pero no me cabe duda de que él fue tan solo uno de los autores o presuntos autores intelectuales", dijo Cepeda hijo.

"Creo que en un momento que se está en medio de este proceso de paz (con las guerrillas), en el que se busca que se acabe la guerra de medio siglo, pues es un buen momento para este tipo de decisiones por parte de la justicia", añadió.

Desde fines de 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a casi 50 años de confrontaciones entre las partes.

La UP surgió en 1985 como consecuencia del fallido proceso de paz entre las FARC el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).

En 1987, el entonces candidato a la presidencia de Colombia por la UP, Jaime Pardo Leal, fue asesinado al parecer por una componenda entre la mafia y las bandas paramilitares. Bernardo Jaramillo Ossa, el político que sucedió a Pardo en la candidatura a la presidencia por la UP, también fue asesinado, en 1990.

Casi todos los miembros de la UP que alguna vez fueron elegidos a corporaciones públicas como el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales fueron igualmente asesinados.

Se calcula que al menos unos 3.000 integrantes de la UP, entre politicos y simpatizantes, fueron asesinados entre los años 80 y 90.

No es la primera vez que la Fiscalía, para evitar la prescripción de procesos clave de la historia reciente del país, eleva a la categoría de crímenes de lesa humanidad asesinatos cometidos hace más de 20 años.

También lo había hecho en los casos de tres importantes dirigentes políticos asesinados: Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo (1990) y Carlos Pizarro (1990).

A igual categoría --de lesa humanidad-- fue elevado el asesinato en 1986 del periodista Guillermo Cano Isaza, director del diario bogotano El Espectador y quien fue asesinado por orden del capo del cartel de las drogas de Medellín Pablo Escobar.

Una fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos consideró también como crimen de lesa humanidad el secuestro de que fue víctima en mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya, entonces redactora de El Espectador y actual subeditora judicial del diario capitalino El Tiempo.