ONG nicaragüense critica reelección presidencial

Las reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida y la concesión para la construcción del canal interoceánico a un empresario chino, han agravado el deterioro de los derechos humanos, señaló el miércoles un importante organismo no gubernamental.

El informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 2013-2014, afirmó que la reforma parcial a la Constitución, aprobada por la mayoría de los diputados sandinistas, "permite la reelección continua indefinida, sentando los cimientos para la instauración de una dictadura".

"El gobierno ha prescindido de la opinión ciudadana no sólo cuando se trata del respetar el voto popular sino reiteradamente, todo en detrimento de los derechos humanos", añadió el informe leído por Mauro Ampié, director ejecutivo del organismo.

Los 63 diputados sandinistas y dos liberales aprobaron a finales del año pasado una reforma constitucional que permite al presidente Daniel Ortega reelegirse las veces que sea necesario, algo que estaba prohibido por la Constitución.

En cuanto a la concesión que el gobierno otorgó a mediados del 2013 al empresario chino Wang Jing, para que construya un canal interoceánico que compita con el de Panamá, el organismo de indicó que "viola el principio constitucional de preservar la integridad territorial del país. En el territorio que controle la empresa extranjera no valdrán las leyes nicaragüenses, ni habrá autoridades administrativas, judiciales, aduaneras, fiscales, policiales o militares, constituyéndose en un verdadero Estado extranjero dentro del Estado de Nicaragua", afirmó Ampié.

"De esa manera, los nicaragüenses, en esa zona determinada por la empresa, pierden sus derechos constitucionales, pues no será válida ni la Constitución, ni ninguna ley nicaragüense", añadió.

Recordó que se presentaron 32 recursos de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia en contra la concesión al empresario chino y que los magistrados los desecharon sin entrar en el fondo del asunto.

También mencionó como otro elemento que demuestra la falta de participación ciudadana, las reformas administrativas que al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que redujeron un porcentaje del monto de la pensión de los futuros pensionados e incrementó la cotización tanto de los empleadores como de los trabajadores.

"Se trata de leyes de mucha importancia, que afectan derechos humanos económicos, civiles y en las cuales la población no fue consultada en lo más mínimo, es decir, el gobierno ha prescindido de nuestra opinión", dijo Ampié.

En cuanto a denuncias específicas contra entidades del Estado, apuntó que recibieron en 2013 un total de 3.480 de los cuales 1.600 fueron contra autoridades del orden público y específicamente contra la Policía Nacional, de las cuales casi un 70 % fueron comprobadas por investigaciones propias del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

"Nuestras investigaciones comprobaron parcialidad de la Policía en varios casos en detrimento de la población", dijo Ampié.

Las autoridades policiales no han reaccionado al nuevo informe de este organismo no gubernamental, de alto prestigio dentro del país.