Juez no desestima demanda contra Sánchez de Lozada

Un juez federal de Florida se negó a desechar una demanda por presuntas violaciones a los derechos humanos contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y un exministro de Defensa de ese país, acusados de varias matanzas a manos de militares en 2003 para contrarrestar protestas callejeras.

En su fallo del martes, el juez James Cohn consideró que los demandantes pueden seguir adelante con sus reclamos, amparados por la ley de protección a las víctimas de la tortura.

Los nueve demandantes son familiares de personas muertas por la violencia hace más de una década.

Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín están acusados en el caso. Los dos trataron de que se desestimara la demanda alegando, entre otras cosas, que no existe ningún vínculo del caso con Estados Unidos. Ambos viven actualmente en este país.

La decisión del juez de Fort Lauderdale, cerca de Miami, implica que las víctimas podrían buscar una compensación económica por parte de los exfuncionarios de su país.

Ana C. Reyes, abogada del bufete Williams & Connolly que representa a los dos exfuncionarios bolivianos, dijo en un mensaje electrónico enviado a la AP que tratarán de apelar la decisión del juez que permite a los demandantes proseguir con el caso.

El caso, que corresponde a dos demandas separadas de 2007 y 2008 que fueron consolidadas, se refiere a una supuesta serie de masacres contra civiles bolivianos durante un período de protestas en ese país en 2003.

Los demandantes son nueve bolivianos que representan a ocho civiles que murieron en ese período, presuntamente tras haber sido asesinados por soldados que estaban bajo el mando de Sánchez de Lozada y su entonces ministro de Defensa.

Sánchez de Lozada, que fue elegido para un segundo mandato en junio del 2002, enfrentó protestas generalizadas contra su objetivo de exportar gas natural a Estados Unidos y México a través de Chile.

En su primer gobierno (1993-1997), las protestas ocurrieron durante la llamada "guerra del agua".

Según los demandantes, tras asumir el poder por segunda vez los acusados forjaron estrategias que incluían matanzas para contrarrestar la oposición a sus planes.

Las protestas comenzaron a principios del 2003, pero en lugar de buscar una solución pacífica, los acusados emplazaron en las calles a las fuerzas militares, lo que provocó decenas de muertos y centenares de heridos, según la demanda. Entre las víctimas hubo niños y mujeres, según los documentos en que se basó el juez para tomar su decisión.

La muerte de 63 manifestantes y más de 400 heridos precipitaron la renuncia de Sánchez de Lozada y su salida hacia Estados Unidos.

Gobiernos bolivianos sucesivos han pedido su extradición para que sea juzgado por esas muertes.

Los demandantes son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Calisaya, Gonzalo Mamani Aguilar, y Felicidad Rosa Huanca Quispe.

Los fallecidos a los que ellos representan son Marlene Nancy Rojas Ramos, Roxana Apaza Cutipa, Marcelino Carvajal Lucero, Teodosia Morales Mamani, Lucio Santos Gandarillas Ayala, Jacinto Bernabé Roque, Arturo Mamani Mamani y Raúl Ramón Huanca Márquez.

En la demanda sostienen que Marlene estaba en la ventana del segundo piso de su casa, alejada de las protestas, cuando se asomó para ver y murió de un balazo.

Algo similar sucedió con Marcelino Carvajal Lucero, quien se acercó a la ventana de su casa y un soldado lo mató a tiros, según alegaciones de los demandantes.

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Gisela Salomón está en Twitter en www.twitter.com/giselasalomon