Empieza juicio por cruentos choques en Perú

Un tribunal de la ciudad amazónica de Bagua inició el miércoles un juicio en el cual la fiscalía acusa a 53 civiles, entre ellos 23 indígenas, de matar a 12 policías durante violentos incidentes ocurrido en 2009.

Los magistrados de la Sala Penal Transitoria de Bagua, a 730 kilómetros al noreste de Lima, juzgan a los indígenas de lengua awajún sin un traductor oficial, por lo que uno de los acusados, Merino Trigoso, tradujo al español las respuestas de los nativos, dijo a The Associated Press su abogado Juan Quispe, reconocido defensor de los derechos humanos.

Además del delito de homicidio agravado, el fiscal Edwin Vargas también acusa a los procesados de otros siete delitos, entre ellos arrebato de armas, incineración de lugares públicos, daños agravados contra el patrimonio y motín.

Entre los principales acusados por homicidio calificado se encuentra el líder indígena Alberto Pizango, quien dijo a la AP que "es inocente" y se defenderá legalmente contra la acusación que lo encarcelaría por 35 años.

Para el total de acusados, las penas van desde los seis hasta los 35 años de cárcel, que se pide también para otros seis dirigentes indígenas acusados de instigar al homicidio calificado durante las protestas.

La violencia estalló el 5 de junio de 2009, cuando la policía desalojó con disparos a cientos de indígenas que bloqueaban una importante vía en un sector llamado La Curva del Diablo, en Bagua. En respuesta, un grupo de nativos atacó a otros policías que resguardaban una estación petrolera cercana. El choque final dejó 32 muertos --22 policías y 10 civiles-- y más de 200 civiles heridos por armas de fuego.

Los nativos protestaban desde hacía un año para que se derogaran 10 decretos que consideraban la llave del inicio de la extracción de recursos naturales de sus territorios ancestrales y que el gobierno del entonces presidente Alan García aprobó sin consultarles con el fin de adecuar la ley peruana al tratado de libre comercio con Estados Unidos.

El juez principal Gonzalo Zabarburú desestimó el pedido de los acusados para citar al expresidente García, a su entonces primer ministro Yehude Simon y a sus ministras de Economía, Mercedes Aráoz y del Interior, Mercedes Cabanillas, para que expliquen por qué se llegó a la violencia.

"Lo que ocurrió se pudo evitar. Un día antes de la tragedia, los manifestantes avisaron que se iban a retirar, pero la orden que vino de Lima fue desalojarlos a sangre y fuego, como ocurrió", dijo el abogado Quispe.

Uno de los acusados de asesinato es el indígena Feliciano Cahuasa, de 33 años, quien está preso desde 2009 en una cárcel de Bagua, pese a que una pericia de absorción atómica realizada por la policía determinó que nunca disparó.

"Falta un mes para estar cinco años preso, soy 100% inocente, es injusta la justicia peruana, no se puede confiar en ella y no me creen", dijo Cahuasa a radio Marañón, en un receso judicial mientras la policía lo vigilaba.

Los familiares de los agentes asesinados pidieron en un comunicado enviado a la AP que se enjuicie a la exministra Cabanillas, a quien acusan de tomar "decisiones erradas, negligentes e insensibles" que llevaron a la muerte de los policías.

El juicio es el primero en activarse por lo ocurrido el 5 de junio de 2009 en Bagua, pero existen otros tres procesos judiciales derivados de los acontecimientos. "Uno de ellos es por la muerte de más policías en la estación petrolera, otro por la desaparición de un policía cuyo cadáver no se encuentra hasta ahora y un último juicio que se tramita contra oficiales y suboficiales de la policía en agravio de los indígenas", dijo el abogado Quispe.