Guatemala: Víctimas critican negación de genocidio

Víctimas afirmaron que la resolución del congreso guatemalteco de que no hubo genocidio de indígenas en los años 80 es ofensiva, racista e ilegal.

"Esto es una burla a las víctimas, lo que quieren es mantener la impunidad para que no se conozca la verdad", reclamó Benjamín Gerónimo, representante de las víctimas que llevaron a juicio al ex general Efraín Ríos Montt acusado de genocidio y responsable de cientos de masacres en las que murieron miles de indígenas en la guerra en Guatemala (1960-1996).

A la indignación se unieron miles de usuarios de redes sociales así como activistas y organizaciones de derechos humanos. El hastag #sihubogenocidio se convirtió el miércoles en tendencia en Twitter.

Gerónimo, sobreviviente del conflicto a quien le asesinaron varios de sus familiares, dijo que analizan las acciones legales contra la decisión del Congreso, a la que se unirán otras organizaciones de derechos humanos.

Al rechazo se unió Diego Rivera líder del Movimiento de víctimas del norte de Quiché, quién explicó que la decisión afecta y ofende a las víctimas que demandan justicia. "Deben elaborar leyes que favorezcan al pueblo y no los intereses particulares y mezquinos de algún diputado" reclamó Rivera

"No se puede negar que hubo genocidio, nuestra prueba son las más de 1.771 osamentas de los que ellos mataron, ninguno puede ocultar que hubo masacres, esta es una actitud racista, parece que para ellos que se muera un indígena no tiene valor, ante la ley y ante Dios todos somos iguales", dijo Rivera.

La resolución del legislativo fue apoyada por 87 diputados oficialistas y de oposición, seis más de los necesarios para la aprobación. El proyecto fue propuesto por el diputado Luis Fernando Pérez del partido de Ríos Montt (1982-1983).

El texto aprobado indicó que "resulta jurídicamente inviable" que se registrara un genocidio en Guatemala.

Asimismo, exhortó al ejecutivo a generar políticas públicas y a defender la ley de Reconciliación Nacional, que amnistió crímenes de guerra, y al organismo judicial a impartir justicia con imparcialidad basados en la Constitución que "prevalece ante tratados internacionales".

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells explicó que la resolución no tiene vinculación jurídica ni legal, pero que es importante porque da principios de gobernabilidad.

"No es una ley pero ¿por qué lo emiten?, se preguntó. Balsells explicó que el congreso no debió haberse pronunciado porque hay un proceso sobre el tema del genocidio en los tribunales. "Aquí hay una intromisión directa en la administración de la justicia, en un país de verdad habría muchas consecuencias porque aquí se está cometiendo un delito", señaló el jurista.

Ríos Montt fue condenado, el 10 mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, sentencia que luego fue anulada por la corte Constitucional.

Guatemala vivió una guerra de 36 años entre 1960 y 1996 que dejó, según un informe de Naciones Unidas 250 mil muertos y desaparecidos. Según el informe en el país hubo actos de genocidio entre 1981 y 1983 cuando el Ejército identificó a los indígenas como enemigos internos donde torturó, violó, desplazó, asesinó y masacró a miles de ellos.