Santos elogia fallo de corte por disputa marítima

El presidente Juan Manuel Santos celebró por segundo día consecutivo el pronunciamiento de una alta corte colombiana que ratifica el desacuerdo de su gobierno con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que en 2012 falló a favor de Nicaragua en una disputa con Colombia por una considerable porción de aguas del Caribe.

Sin embargo, expertos dijeron a The Associated Press el sábado que el derecho internacional priva sobre las determinaciones de un tribunal nacional de cualquier país.

El viernes, luego de estudiar si el llamado Pacto de Bogotá de 1948 era exequible, la Corte Constitucional -- máximo tribunal colombiano en asuntos atinentes a la Carta Fundamental-- determinó inconstitucional cualquier atribución de competencia a jurisdicción internacional para conocer y juzgar asuntos limítrofes de Colombia.

"Yo dije entonces, en noviembre del 2012, (y lo) ratifiqué en septiembre del 2013, que de acuerdo a nuestra Constitución, el fallo de la Corte Internacional de Justicia era inaplicable porque nuestra Constitución, que todos los funcionarios juramos cumplir, nos dice claramente que cualquier modificación a los límites de Colombia, a nuestras fronteras, tiene que ser a través de un tratado internacional", indicó el mandatario el sábado durante un acto público en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba y a 500 kilómetros al noroeste de Bogotá.

"Fuimos criticados, fuimos señalados. Pero estábamos seguros (de) que ese era el proceder correcto. Y el día de ayer (viernes) la Corte Constitucional, el máximo tribunal de Colombia, nos dio la razón. Y ratificó eso que hemos venido diciendo: los límites de Colombia se tienen que modificar a través de un tratado y no de otra manera", agregó el jefe de Estado.

La demanda contra el Pacto de Bogotá, que le da a la CIJ competencia para dirimir asuntos limítrofes de los países del continente, fue presentada en agosto de 2013 por el abogado Juan Carlos Moncada. Santos y su gobierno demandaron el mismo pacto un mes después.

El fallo de la Corte Constitucional tuvo como ponente al magistrado Mauricio González Cuervo, quien explicó a The Associated Press vía telefónica el sábado que su ponencia fue aprobada por cinco de los nueve magistrados del mencionado tribunal.

"De conformidad con la Constitución Nacional, los límites de Colombia sólo pueden ser modificados o establecidos por medio de un tratado celebrado por el Gobierno, aprobado por el Congreso y luego revisado por la Corte Constitucional", dijo la víspera Santos, quien calificó como histórico el fallo. "Para nuestro país, mientras no sea celebrado un nuevo tratado, los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo los establecidos en el tratado Esguerra-Bárcenas".

De acuerdo con el jurista, cualquier atribución de jurisdicción internacional para conocer y juzgar asuntos limítrofes del país es inconstitucional.

No obstante, el constitucionalista Rafael Nieto Navia, experto en el tema del litigio con Nicaragua, no coincide con la postura de Moncada.

"Yo creo que el derecho internacional prima sobre el derecho interno", dijo Nieto, subrayando así que el fallo de la CIJ debe acatarse por encima de cualquier decisión de tribual colombiano.

Fernando Londoño, ex ministro del Interior y constitucionalista, comentó por su parte que la sentencia de la Corte Constitucional colombiana no afecta la sentencia de hace 18 meses de la CIJ porque "el fallo de una corte internacional está por encima de las corte locales o si no la justicia internacional no existiera".

"Va a haber dos mapas: un mapa es el que vamos a pintar aquí en Colombia, para los niños, para las escuelas, y ese mar nos corresponde; y el otro mar lo pinta la ONU para el mundo entero... y ese es el que vale", agregó Londoño.

En un fallo inapelable, la CIJ de La Haya ratificó el 19 de noviembre de 2012 la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre sus siete cayos deshabitados, que eran reclamados por Nicaragua en un pleito que inició el gobierno de Managua ante ese tribunal internacional en 2001.

Pero en su decisión, la corte internacional redujo el territorio marítimo colombiano al conceder una mayor porción a Nicaragua, con lo que al menos dos de los cayos colombianos --Quitasueño y Serrana-- quedaron rodeados de aguas nicaragüenses.

Se calcula que con el fallo de la CIJ, Colombia perdió unos 75.000 kilómetros cuadrados de aguas en el Caribe.

La canciller colombiana María Angela Holguín ha comentado reiteradamente que Bogotá aún no ha acatado el fallo y que un grupo de expertos está estudiando el tema.

"Nosotros no hemos acatado el fallo" de la CIJ, ha dicho Holguín. "Lo que hemos dicho es que queremos estudiar el fallo a profundidad".

Personalidades como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) han sugerido a Santos que desconozca el fallo del tribunal holandés. Los habitantes de la isla de San Andrés se han pronunciado en el mismo sentido.