Gobierno facilitará proceso de pacificación

El gobierno de El Salvador será facilitador del proceso de pacificación nacional que involucrará amplios sectores de la sociedad civil para contrarrestar la violencia, anunció el miércoles el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo.

"Lo único que estamos creando (como Gobierno) es un ambiente para establecer los diálogos", dijo Perdomo en conferencia de prensa.

"El diálogo lo va a realizar la sociedad y el gobierno facilitará el trabajo a estos actores dialogantes en el marco de la ley para que surja un acuerdo nacional para que sea aceptado por diferentes actores sociales", detalló.

En este proceso de pacificación, participarán representantes de las distintas iglesias, organizaciones no gubernamentales, sectores productivos, gremiales empresariales, así como de partidos políticos, según explicó.

Las maras o pandillas serían un actor más en el proceso de pacificación y ellos deben tomar la decisión de involucrarse o no.

"Vamos a integrar al país para dar una respuesta completa, ya no es un acuerdo entre dos pandillas o de dos mediadores, es amplio y participativo", manifestó.

Reveló que ya hay alrededor de 16 ONG que se han comprometido a participar en este esfuerzo de paz y que también lo harán empresarios privados.

Dijo que las iglesias evangélicas que han aceptado participar tienen a disposición 4.000 pastores que trabajarán en la prevención de la violencia.

Perdomo aseguró que esta iniciativa es apoyada por el presidente electo, el exguerrillero Salvador Sánchez Cerén, así como el vicepresidente electo, el también exguerrillero Oscar Ortiz.

Durante la campaña electoral, Sánchez Cerén ofreció combatir la delincuencia con "dos manos inteligentes": una en apoyo a las familias, con inversión en las comunidades y una mejor educación y "en la otra mano, la firmeza del Estado en la conducción de la policía, que va a seguir siendo ampliada, fortalecida y depurada".

El martes representantes de diversas iglesias, entre ellos el obispo Fabio Colindres, pidieron al nuevo gobierno, que asumirá el 1 de junio, restablecer las condiciones para relanzar el proceso de pacificación que inició con una tregua entre las pandillas y establecer diálogos con los cabecillas de estos grupos.

Colindres, es uno de los mediadores en la tregua de las pandillas que en marzo de 2012 anunciaron un acuerdo para bajar el índice de homicidios que en esa fecha llegó a 14 muertes violentas por día.

Con la tregua que fue apoyada por el gobierno del presidente Mauricio Funes, los homicidios bajaron hasta 5 por día, pero en las últimas semanas se ha registrado un incremento en los hechos de violencia generados por las pandillas, que según las autoridades han ordenado atacar a policías y militares buscando presionar para que el nuevo gobierno les otorgue beneficios.

Según datos oficiales, después de que se acordó la tregua, los homicidios pasaron de 14 a 5 por día. Pero desde enero han aumentado a un promedio de 8,7 diarios.

Los informes policiales indican que desde enero se han registrado 61 ataques o enfrentamientos entre los pandilleros y las autoridades.

Se reportó que en las últimas horas supuestos pandilleros atacaron con armas de fuego una patrulla de la policía donde se conducían tres miembros de la corporación, que repelieron el ataque. En este hecho no hubo lesionados ni muertos.

En nuevo hecho de violencia, tres personas resultaron con heridas de bala en un ataque de pandilleros en el municipio de San Martín, al este de la capital.

Mientras que en la capital, dos pandilleros incendiaron un autobús del transporte colectivo cuando circulaba en las proximidades del centro de la capital. No se reportaron víctimas.

La noche del martes, pandilleros atacaron con armas de fuego a un grupo de personas en un populoso barrio al este de la capital, dejando seis personas con heridas de bala.

Más del 50% de los homicidios que se cometen en el país se atribuyen a las pandillas, y el 35% de las víctimas corresponde a miembros de esas estructuras criminales.

En El Salvador las pandillas establecidas en populosos barrios del país están integradas por más de 70.000 jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres. Más de 10.000 están presos.

Según los registros de la policía, en 2012 se contabilizaron 2.543 homicidios, y en 2013 hubo 2.492 muertes violentas.