EEUU: Congreso amenaza con restringir vigilancia

En un enfrentamiento acalorado sobre el espionaje interno, los miembros del Congreso estadounidense dijeron el miércoles que nunca tuvieron la intención de permitir que la Agencia de Seguridad Nacional revisara millones de comunicaciones telefónicas de los ciudadanos y amenazaron con restringir la autoridad de vigilancia del gobierno.

El choque en el Capitolio fue el mayor debate público hasta el momento sobre los programas gubernamentales de vigilancia revelados recientemente. Asimismo, socavó las afirmaciones hechas por el presidente Barack Obama de que el Congreso entendió a cabalidad y apoyó la considerable expansión del poder del gobierno en los últimos seis años.

Uno de los momentos más intensos del debate fue cuando el representante James Sensenbrenner, republicano por Wisconsin, dijo al subsecretario de Justicia James Cole que el Congreso sólo tuvo la intención de autorizar la recopilación de información directamente relacionada con investigaciones de seguridad nacional. Nunca previó que el gobierno espiaría las comunicaciones de todas las personas y los almacenara en una enorme base de datos para revisarlos después.

Mientras Cole explicaba por qué era necesario, Sensenbrenner lo interrumpió y le recordó que su autoridad expira en 2015.

"Y a menos que se dé cuenta de que tiene un problema, no va a ser renovada", dijo Sensenbrenner.

La crítica de Sensenbrenner es significativa porque fue uno de los principales autores de la Ley Patriota, y ha sido un firme defensor de la ampliación de los poderes de vigilancia. Lo secundó Jerry Nadler, demócrata por Nueva York.

Importantes funcionarios de la administración Obama respondieron que el programa, secreto hasta que dos periódicos dieron a conocer su existencia, era necesario para mantener a Estados Unidos a salvo de ataques. Además dijeron que es posible que construyan bases de datos similares para registrar transacciones de tarjetas de crédito, reservaciones de hotel y búsquedas de internet si esto es útil investigaciones sobre terrorismo.

La audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes quizá significó el mayor debate en el Congreso sobre los poderes de vigilancia desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Los anteriores se habían centrado en asuntos teóricos y legales, en los que funcionarios de los gobiernos Bush y Obama se reservaban detalles bajo el argumento de que se trata de información clasificada.

Eso cambió el mes pasado, cuando el analista Edward Snowden filtró al diario The Guardian documentos de que revelan que la Agencia Nacional de Seguridad (cuyas siglas en inglés son NSA) guarda registros telefónicos de los ciudadanos estadunidenses, a sabiendas de que la gran mayoría de ellos no tiene relación con terroristas.

El gobierno de Obama sostiene que necesita un archivo de llamadas telefónicas para que al encontrar a un sospechoso de terrorismo pueda buscar en sus registros y así determinar los hábitos del sospechoso. El gobierno afirma que la base de datos fue autorizada en la Ley Patriota que fue aprobada apresuradamente por el Congreso después del 11 de septiembre y refrendada en 2005 y 2010.

Por su parte, el republicano por Texas Ted Poe, dijo que algunos congresistas no se habrían enterado del espionaje si no hubiera sido por las filtraciones. "No me gusta Snowden, en absoluto, pero nunca nos habríamos enterado de lo que ocurrió si no hubiera sido por él".