Presidente Santos encara nuevos paros

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos encaraba el lunes una agitada semana con anuncios de nuevos paros de gremios y la posibilidad que se sumen los cultivadores de café, mientras sigue sin resolverse una protesta de campesinos de hace más de un mes.

Aunque no es la primera vez que el mandatario enfrenta protestas y paros simultáneos en sectores clave --como a comienzos de año con una primera protesta de cafeteros y a la vez una huelga de un mes hasta inicios de marzo en la principal mina productora de carbón-- en esta ocasión los mismos portavoces oficiales afirman que carecen de fondos para satisfacer nuevas demandas.

Mientras tanto, analistas destacaron que los negociadores del gobierno carecen de credibilidad ante la base de los distintos sectores. Eso hace que la situación política de Santos se complique ante la campaña electoral para los comicios de mayo del 2014, aunque el mandatario aún no ha dicho oficialmente si se postulará a otros cuatro años en el gobierno.

La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, aunque ha habido fuertes choques esporádicos con la policía y el ejército, con al menos cuatro manifestantes muertos el mes pasado en el noreste del país, en la zona del Catatumbo.

Al final de la jornada y tras una reunión con el vicepresidente Angelino Garzón, veterano ex líder sindical, manifestantes de la región del Catatumbo, rechazaron la exigencia oficial de levantar un bloqueo vial, lo que dejó nuevamente el diálogo en punto muerto.

"La propuesta del presidente Santos fue rechazada por unanimidad en todos los puntos de concentración campesina", indicó la Asociación Campesina del Catatumbo en un comunicado de seis puntos en su página de internet, al responder a la demanda oficial de negociar solo sí levanta el bloqueo vial que mantiene con palos y piedras, además de vecinos apostados a ambos lados de la carretera en campamentos improvisados.

La Asociación, uno de los grupos que encabeza la manifestación, ratificó su propuesta de "distensionar" el bloqueo vial para dejar pasar "caravanas humanitarias" o transporte con alimentos hacia la localidad de Tibú, que es el epicentro del paro, pero el gobierno ha insistido en el desbloqueo total.

El fracaso fue al menos el tercero desde que ambas partes han intentado negociar el fin del paro.

La compleja situación "es como la fumarola de un volcán, sale humo antes de la erupción", dijo Jaime Castro, analista y ex alcalde de Bogotá.

"Hay malestar social y pérdida de credibilidad de las instituciones públicas y privadas. Hay un inmenso vacío político, en la medida que no hay liderazgo ni propuestas. No lo hace el gobierno, no lo hacen los partidos, el Congreso ni los gremios", dijo Castro en entrevista telefónica. Y en los negociadores oficiales "hay una pérdida de credibilidad. No tienen autoridad ni capacidad de diálogo".

Unos 6.000 moradores de Catatumbo --región de siete municipios en el departamento Norte de Santander-- mantienen sus dos exigencias principales: que el gobierno suspenda la erradicación de cultivos de coca y que declare la región zona de reserva campesina.

El fin se semana hubo acercamientos con los manifestantes cuando el vicepresidente Garzón estuvo en Tibú. Pero el alto funcionario "tenía un mandato muy restringido: desbloquear (las vías) para continuar el diálogo", indicó más temprano por teléfono César Jerez, de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, otro de los grupos que encabeza la protesta en Catatumbo, en un rechazo anticipado de los moradores a la demanda oficial.

"La historia lo está demostrando... este gobierno se ha caracterizado por firmar acuerdos...y todos los ha violado", dijo Luz Stela Ramírez, directora de la Confederación Nacional de Mineros.

Ramírez anunció por teléfono que los mineros artesanales, que representan al menos dos millones de familias, paralizarán de forma indefinida sus actividades a partir del próximo miércoles y que se apostarán en vías en al menos seis departamentos del oeste y centro del país: Valle del Cauca, Huila, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó.

Sus demandas, explicó Ramírez, es la derogación de dos decretos, uno del año pasado y otro del 2013, que consideran les hacen daño.

La medida del 2012 autoriza a la policía a decomisar o destruir la maquinaria minera, mientras la norma de este año establece requisitos que no pueden cumplir para formalizarse como mineros, ya sea de oro, de carbón o lo que denominan de "material de arrastre", es decir arena y gravilla, por ejemplo, para su uso en la construcción, dijo Ramírez.

Ramírez dijo que la minería no es ilegal, sino que sus trabajadores son "informales" porque no cuentan con las licencias ambientales necesarias. Para ello deben estar registrados en el catastro de mineros, pero según Ramírez, los requisitos son demasiados altos en recursos y en equipos.

Admite que hay problemas de contaminación y la presencia de grupos ilegales que lavan dinero con actividades mineras, principalmente de oro, "pero no es como ha querido mostrar el gobierno, que todos somos criminales".

"Hay gente buena, gente que ha buscado en la minería una solución al problema de empleo", dijo. Se quejó de que sufren la extorsión por parte de los grupos armados ilegales y al mismo tiempo la presión oficial con operativos de la policía.

Los cafeteros, al menos 560.000 familias en todo el país, ya estuvieron en huelga dos semanas hasta principios de marzo, pero algunos de sus voceros dijeron que esta semana deciden si vuelven al paro debido a lo que consideran el incumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno en marzo.

"Necesitamos que se cumpla lo pactado. Tenemos información que 200.000 familias no han recibido un solo peso de los subsidios" acordados, dijo por teléfono Emilio Martínez, uno de los vocero de los cafeteros en el central departamento de Tolima.

El acuerdo fue que los cafeteros recibirían 145.000 pesos (unos 76 dólares) por "carga" de café, es decir 125 kilos del grano, que es la unidad mínima de venta. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que no hay otro país donde los cafeteros reciban esa ayuda y que ya tienen más fondos para ayudar a los productores.

Desde noviembre pasado, cuando hubo un paro en el sistema judicial, y hasta inicios de este año, sólo cinco paros --incluido el de los cafeteros y uno de estudiantes universitarios-- han significado 119 días de paralización que han costado al país al menos 900.000 millones de pesos (473,6 millones de dólares), equivalente a 0.8% del PIB del primer trimestre de 2013, según un estudio divulgado el 11 de julio por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).

"Este valor perdido por cuenta de las huelgas es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo", dijo la Anif.