Bolivia abre juicio por entrega de misiles a EEUU

La Fiscalía de Bolivia presentó cargos contra un ex ministro y siete ex jefes militares por los delitos de sometimiento de la nación a dominio extranjero por haber entregado 37 misiles portátiles a Estados Unidos ocho años atrás para que sean desmantelados.

La Fiscalía entregó la víspera una "imputación formal" ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez, actualmente prófugo, el alto mando militar de hace ocho años, otros oficiales y un viceministro quienes "intervinieron en la entrega irregular de los misiles chinos en 2005", dijo el jueves la Fiscalía en un comunicado.

El Tribunal Supremo deberá convocar a los acusados y fijar plazos para abrir un juicio. Entre los acusados, que en total suman diez, está el actual senador de oposición Marcelo Antezana, ex comandante del ejército y el general Marco Antonio Justiniano, comandante de las fuerzas armadas en 2005.

La Fiscalía solicitó detención en domicilio, arraigo, congelamiento de cuentas y anotación de bienes de todos ellos y sugirió a la Cancillería gestionar la extradición de Méndez desde Estados Unidos, donde se presume puede estar viviendo, explicó el fiscal Ramiro Guerrero.

En octubre de aquel año, 37 misiles de guerra de fabricación china de las fuerzas armadas salieron de forma irregular a Estados Unidos donde posteriormente fueron desmantelados, tres meses antes de que asumiera el gobierno el actual presidente Evo Morales.

La investigación demoró ocho años. Inicialmente estaba acusado el ex presidente Eduardo Rodríguez (2005), actual embajador en Holanda, pero el propio gobierno lo excluyó de la investigación. Rodriguez dijo que los militares actuaron sin su consentimiento.

Los acusados declararon que era necesaria la desactivación de los misiles tierra-aire -que son disparados desde el hombro y pueden ser una amenaza para las aeronaves en vuelo bajo-- por encontrarse obsoletos. Personal militar de la embajada estadounidense participó en el traslado.

En 2005 Bolivia vivía una grave crisis política tras la renuncia dos años antes del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras una revuelta popular que derivó en la muerte de 65 manifestantes. Morales, entonces líder cocalero, había ganado las elecciones.

Los acusados enfrentan penas de hasta 30 años cárcel.