Denuncian más riesgos para desnacionalizados en RD

Activistas denunciaron el lunes que la desprotección jurídica de cientos de miles de dominicanos ha aumentado a raíz de cuatro sentencias emitidas desde septiembre que le revocan la nacionalidad a descendientes de inmigrantes haitianos.

Natanael Santana, director del Departamento de Asuntos Laborales y Migratorios del Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (Cedail), dijo que "no existe voluntad política para resolver el problema".

En 2007 la Junta Electoral comenzó a retener documentos a miles de descendientes de inmigrantes haitianos con el argumento de que los inscribieron de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.

El Tribunal Constitucional validó en septiembre las decisiones de la Junta Electoral y ordenó, en una sentencia inapelable, abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de los nacidos en el país después de junio de 1929 cuyos progenitores fueran extranjeros sin permiso de residencia.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU estiman que la sentencia del Tribunal Constitucional dejará apátridas a unas 250.000 personas, entre ellas unos 210.000 descendientes de haitianos. La Junta Electoral insiste que sólo afectará a 24.000 personas.

El presidente Danilo Medina aún no ha presentado al Congreso un proyecto de ley para naturalizar a los miles de afectados por la desnacionalización.

Santana explicó al comparecer ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tras la sentencia de septiembre el Tribunal Constitucional ha emitido tres fallos uniformes, pero acusó al tribunal de no leer los alegatos presentados por la defensa y de haber adoptado las decisiones a puertas cerradas en lugar de realizar audiencias públicas.

Roberto Antuan, abogado del Centro Cultural Dominicano-Haitiano (CCDH), dijo que la desnacionalización es un delito de lesa humanidad.

"Me resisto a aceptar a que me desnacionalicen a mí, a mis hijos y a todos los dominicanos de padres haitianos", dijo Antuan con la voz entrecortada y entre aplausos de la audiencia. "Vamos a decir presente, respetando la Constitución y las normas democráticas para exigir nuestros derechos".

Por su parte, Rhadys Abreu de Polanco, encargada de derechos humanos de la cancillería dominicana, leyó un documento que reducía el impacto de la sentencia a un grupo pequeño de la población dominicana.

Pero el comisionado chileno Felipe González exhortó a Abreu a especificar las medidas que el Estado dominicano planea adoptar con carácter de urgencia después que la CIDH presentara recomendaciones tras realizar una visita en diciembre.

Abreu contestó que respondería por escrito posteriormente.

El panel de los activistas incluyó una silla vacía en representación de Juliana Deguis, a quien las autoridades migratorias dominicanas impidieron abordar un avión en Santo Domingo cuando se disponía a asistir a la audiencia.

Deguis, hija de inmigrantes haitianos que llegaron al país en los años 1960 y madre de cuatro niños que no han sido inscritos, tenía la visa estadounidense en una hoja de papel porque las autoridades dominicanas le han negado el pasaporte porque el registro civil rechaza entregarle una copia certificada de su acta de nacimiento y la cédula de identidad.

El proceso dominicano para desnacionalizar a los descendientes de inmigrantes no residentes ha generado las fricciones más fuertes de años recientes entre los dos países, que comparten la isla La Española.

La Comisión inició el lunes su periodo 150 de audiencias, que se desarrollará durante toda la semana en la capital estadounidense.

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Luis Alonso Lugo está en Twitter en www.twitter.com/luisalonsolugo

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El corresponsal de AP en Santo Domingo Ezequiel Abiú López colaboró con este despacho.