Argentinos recuerdan divididos golpe de 1976

Al cumplirse 38 años de la instauración de una dictadura militar en Argentina, grupos sociales y políticos manifestaron el lunes de forma dividida su repudio al golpe de estado y con discrepancias sobre recientes medidas oficialistas relacionadas con los derechos humanos.

En esta ocasión las críticas giraron principalmente en torno al nombramiento en diciembre de 2013 de César Milani como jefe del Ejército a instancias del gobierno de la presidente Cristina Fernández, pese a que organismos civiles le acusaban de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto.

El 24 de marzo de 1976 los militares derrocaron a la presidenta María Estela Martínez y se instaló una junta presidida por el general Jorge Rafael Videla, que después fue reemplazado por tres sucesivos jefes militares.

Algunas organizaciones que exigen la salida de Milani se desmarcaron de los actos que celebraron grupos afines al Ejecutivo. El jefe militar negó las acusaciones que lo señalan como responsable de la desaparición de un soldado conscripto durante la dictadura (1976-1983) y otros delitos de lesa humanidad.

El acto central para recordar el golpe de Estado fue en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde madres de desaparecidos y abuelas de niños que fueron sustraídos por los militares marcharon en rechazo al régimen militar en el que, según cifras oficiales, desaparecieron unas 13.000 personas, en su mayoría obreros, militantes políticos, estudiantes y miembros de organizaciones armadas. En otras ciudades argentinas también recordaron a las víctimas de la dictadura.

En la Plaza de Mayo abundaron los grupos sociales defensores de la política de derechos humanos de Fernández y su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), por la cual decenas de militares y policías recibieron condenas o están procesados por violaciones a los derechos humanos en los juicios que se han reanudado en los últimos años por iniciativa del oficialismo.

Algunos de los mensajes escritos por los asistentes, que pendían de una valla, señalaban: "Hoy y siempre, nunca más" y "Los desaparecidos nos faltan a todos. Fuerza Cristina". En el acto se reivindicó avanzar en la investigación de los grupos empresariales que apoyaron el golpe. "Son 38 años del golpe cívico militar y clerical", destacó en ese sentido Taty Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Gabriel Kodjafachian, docente de 36 años que acudió a la marcha, dijo a The Associated Press que "Milani no me gusta pero no por eso voy a dejar de valorar la política de derechos humanos de los últimos años".

Grupos políticos izquierdistas convocaron a marchar de forma separada con consignas en contra de Milani y de la "represión protesta social".

Días atrás, la activista humanitaria Graciela Fernández Meijide, denunció una "doble vara" aplicada por el gobierno en el campo de los derechos humanos. En ese sentido dijo a la AP que no comprendía por qué Milani no ha sido investigado por supuesto encubrimiento de violaciones a los derechos humanos si aparentemente hay acusaciones en su contra que lo colocarían "en la misma situación" que la de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas que, en recientes juicios, fueron considerados partícipes necesarios de la represión ilegal.

"Si esas condenas fueran correctas, no entiendo por qué no se investigó a Milani. A lo mejor no es responsable...pero ¿y si sí lo es? ", se preguntó la ex integrante de la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), la cual recopiló en 1983 las denuncias sobre desapariciones. Fernández Meijide, exministra de Desarrollo Social, tiene un hijo desaparecido.

La líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que respalda la designación del jefe del Ejército, celebró en tanto un acto propio con funcionarios en el que elogió el "trabajo impresionante" que hizo Fernández para "cambiar la forma de pensar del Ejército" en pos del respeto a los derechos humanos.

El Ejecutivo realizará un acto en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) al cumplirse el décimo aniversario de la conversión de ese centro, antiguo lugar clandestino de detención, en un espacio de promoción de los derechos humanos. Además inaugurará la Casa por la identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, que han identificado a 110 jóvenes que fueron sustraídos por los militares cuando eran bebés.