Dominicana impide a activista viajar a EEUU

Las autoridades migratorias dominicanas impidieron el domingo a una mujer que podría perder la nacionalidad del país caribeño viajar a Washington para denunciar su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Juliana Deguis, a quien por años las autoridades le han retenido su acta de nacimiento y enfrenta el proceso judicial para anularle la nacionalidad debido a su ascendencia haitiana, tenía previsto acudir el lunes a la audiencia que celebrará la CIDH sobre la desnacionalización que pretende realizar República Dominicana por decisión de su Tribunal Constitucional.

La mujer arribó en la madrugada al aeropuerto de Santo Domingo acompañada por tres abogados que asistirán a la audiencia y por miembros de la organización defensora de derechos humanos que la representa, pero los agentes de migración le impidieron viajar porque, a pesar de tener visa de Estados Unidos, no portaba pasaporte.

Deguis, de 29 años y madre de cuatro niños aún sin registrar, portaba su visa estadounidense en una hoja de papel porque las autoridades dominicanas le han negado la posibilidad de tener un documento de viaje debido a que el registro civil rechaza entregarle copia certificada de su acta de nacimiento y la cédula de identidad, ya que es hija de inmigrantes haitianos que llegaron al país en la década de 1960.

Susana Cuevas, encargada jurídica de la Dirección de Pasaportes, explicó el 21 de marzo que Deguis "no puede reclamar un pasaporte dominicano" porque no cuenta con "la documentación que requiere", como copia del acta de nacimiento certificada y cédula de identidad.

"La supervisora de migración (en el aeropuerto) insistió que sin pasaporte, ella no podía viajar", explicó a The Associated Press Joseph Cherubin, director de la organización no gubernamental que representa a Deguis y quien la acompañó a la terminal.

La encargada de migración en la terminal aérea se negó a emitir comentarios y pidió a la AP hablar el lunes con el departamento de prensa de la institución. El reglamento local de migración establece que al salir o entrar del país, los ciudadanos dominicanos deben mostrar su número de pasaporte y número de cédula de identidad, documentos que las autoridades le han negado a Deguis, como a miles de descendientes de haitianos.

Ante la negativa de los agentes de migración, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) envió a la terminal aérea a un representante con una carta en la que explicaba que Deguis se encuentra bajo la protección de ese organismo.

"Dado el mandato que tiene el ACNUR en la protección y prevención de la apatridia", Deguis y todas las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional "están bajo la protección de esta agencia" de la ONU, explicó el domingo a la AP Gonzalo Vargas Llosa, representante del organismo. Precisó que la carta enviada al aeropuerto no equivale a un documento de viaje, que sólo puede ser emitido por el estado.

Tras varias horas de espera e intentos por convencer a los agentes de migración, los abogados viajaron a Washington para asistir el lunes a la audiencia de la Comisión, mientras que Deguis volvía a su casa en un batey, como se conocen los pueblos dentro de los cañaverales, a 50 kilómetros al norte de Santo Domingo, detalló Cherubin.

La organización jesuita Centro Bonó ha documentado miles de casos de personas que no han podido viajar al extranjero, estudiar, casarse, abrir una cuenta bancaria o registrar a sus hijos porque, debido a su ascendencia haitiana, la junta electoral, que administra el registro civil, les retiene sus documentos.

En 2007 la junta electoral comenzó de manera oficial a retener los documentos a miles de descendientes de inmigrantes haitianos nacidos en el país con el argumento de que fueron registrados de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.

El Tribunal Constitucional validó en septiembre pasado las acciones de la junta electoral y ordenó, en una sentencia inapelable, abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de Deguis y todos los nacidos en el país después de junio de 1929 cuyos progenitores fueran extranjeros que no tuvieran permiso de residencia, como los miles de inmigrantes haitianos que durante gran parte del siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde formaron a sus familias y nunca volvieron a su país.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional ordenó a la junta electoral entregar a Deguis copia de su acta de nacimiento a fin de que enfrente el juicio de anulación, pero el registro civil no se la dio, sino que sólo envió el documento al juzgado que discute la inminente anulación, explico a la AP Genaro Rincón, uno de los abogados que participará el lunes en la audiencia de la CIDH.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU estiman que la sentencia del Tribunal Constitucional dejará apátridas a unas 250.000 personas, entre ellas unos 210.000 descendientes de haitianos. La junta electoral insiste que sólo afectará a 24.000 personas y de ellas, 13.000 son descendientes de inmigrantes del vecino Haití.

La presidencia anunció en noviembre que el presidente Danilo Medina sometería al Congreso en febrero un proyecto de ley para naturalizar a los miles de afectados por la desnacionalización, pero la pieza aún no está lista.

El proceso dominicano para desnacionalizar a los descendientes de inmigrantes no residentes, así como recientes restricciones comerciales impuestas por Haití a productos de República Dominicana generaron una de las mayores tensiones de los últimos años entre los dos países que comparten la isla La Hispaniola.