Correa niega persecución a asambleísta opositor

El presidente de Ecuador descartó que su gobierno persiga políticamente al asambleísta de oposición Cléver Jiménez, contra quien pesa una orden de prisión por injurias y quien se encuentra en la clandestinidad, se informó el sábado.

"No fue solo una calumnia lo que hizo este tipo (Jiménez), lo puso por escrito, con firma de abogado... acusando al Presidente de la Republica de criminal de lesa humanidad, de haber fingido mi secuestro el 30 de septiembre de 2010", dijo Rafael Correa en su programa semanal de radio y televisión.

Correa enfatizó que la orden de prisión contra los tres sentenciados se dicta tras un juicio en el que se comprobó que "no es una simple calumnia sino un falso testimonio", algo que calificó de "gravísimo".

Añadió que Jiménez "calumnió y lo que está es asumiendo la consecuencia de sus acciones", con lo que descartó que se esté atentando contra su libertad de expresión.

Salvador Quishpe, dirigente de Pachakutik, movimiento político al que pertenece el legislador, aseguró en rueda de prensa que este se encuentra en el país "a buen recaudo" y bajo la protección de comunidades amazónicas.

Agregó que "el gobierno sabe de la información que Cléver Jiménez tiene en sus manos y eso es lo que le preocupa".

En tanto, su abogado, César Sarango, adelantó que presentará un recurso de hábeas corpus para dejar sin efecto la orden de prisión que pesa sobre el sentenciado por haberse violado sus derechos. No descartó demandas internacionales.

La víspera, la magistrada Lucio Blacio emitió un fallo que condena a Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio a 18 meses de prisión, mientras el dirigente de los médicos Carlos Figueroa deberá cumplir una pena de seis meses.

Los tres acusaron en 2011 a Correa de delitos de lesa humanidad por ordenar el rescate militar al mandatario en un hospital de la policía, donde había permanecido más de 10 horas tras una revuelta policial que dejó heridos y fallecidos.

El gobierno también acusa a Jiménez y Villavicencio de acceder ilegalmente a su cuenta de correo electrónico y de otros altos funcionarios estatales, así como de obtener información y revelarla sin consentimiento, pero los acusados han dicho que la información les fue entregada por funcionarios públicos.

La sentencia de la jueza Blacio en contra de los implicados incluyó una orden de indemnización de 145.000 dólares y pedir disculpas públicas a Correa.