Ecuador: Ordenan prisión de asambleísta opositor

Una jueza emitió el viernes orden de prisión del asambleísta Cléver Jiménez, de oposición, quien fue sentenciado a cumplir una condena de 18 meses por el delito de injurias contra el presidente Rafael Correa.

La magistrada, Lucio Blacio, emitió la orden de captura de Jiménez, de su asesor Fernando Villavicencio, y del ex dirigente de los médicos, Carlos Figueroa, los dos primeros condenados a un año y medio de cárcel, y el último a 6 meses. Entre los tres deben pagar 145.000 dólares como indemnización y deben además publicar disculpas públicas a Correa.

Julio César Sarango, abogado del legislador, en declaraciones a radio Sonorama, dijo que "hace pocos minutos recibí en mi casillero judicial la decisión de la jueza (de capturar a los tres sentenciados)".

Añadió que "esta orden de captura ... la rechazamos de plano, los sentenciados claramente han dicho que no van a correr, van a dar la cara".

Tanto Jiménez como Figueroa están en una provincia del sur de Ecuador, de donde es oriundo el asambleísta, mientras que Villavicencio se encuentra en Estados Unidos, hace varias semanas. Aún no son apresados.

Esta semana Jiménez había dicho que para evadir la prisión "no me interesa un asilo político ... primero porque no tengo por qué correr, porque no he matado, no he robado ni he matado a nadie".

Añadió que no pagará la indemnización ordenada por las autoridades, porque no tiene dinero, y que tampoco pedirá disculpas públicas al mandatario.

El pleito comenzó en 2011 luego que los ahora sentenciados acusaron al mandatario de delitos de lesa humanidad por ordenar una incursión armada al hospital de la policía en Quito, donde el presidente permaneció refugiado por varias horas durante el levantamiento policial del 30 de septiembre de 2010. Correa fue rescatado tras un operativo militar que dejó heridos y fallecidos.

El gobierno de Correa también ha acusado judicialmente a Jiménez y Villavicencio de acceder ilegalmente a su cuenta de correo electrónico y de otros altos funcionarios estatales, de obtener información y revelarla sin consentimiento; pero los acusados han dicho que la información les fue entregada por funcionarios públicos.