HRW alerta sobre violencia en Buenaventura

Grupos armados ilegales han hecho desaparecer a cientos de personas, algunas fueron descuartizadas y sus restos arrojados al agua o manglares, han forzado el desplazamiento de otros e intimidan a la población, reveló el jueves Human Rights Watch en un informe sobre la espiral de violencia que sufre el poblado costero colombiano de Buenaventura.

"La situación en Buenaventura es una de las más alarmantes que hemos observado en muchos años de trabajo en Colombia y la región", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, al presentar el informe de 34 páginas en una conferencia de prensa en Bogotá.

La situación de Buenaventura, una ciudad costera del Pacífico colombiano con casi medio millón de habitantes, la mayoría afrodescendientes; "no se ha generado en últimos años, se arrastra desde hace décadas", indicó.

Debido a su posición estratégica como el principal puerto colombiano en el Pacífico, Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca y a unos 350 kilómetros al suroeste de Bogotá, ha sido tradicionalmente un escenario de luchas entre bandas armadas ilegales, desde las guerrillas hasta narcos y grupos surgidos tras la desmovilización de bandas paramilitares a comienzos de la década pasada.

"Barrios enteros de la ciudad se encuentran bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares...que restringen la circulación de habitantes, reclutan a sus hijos, extorsionan a comerciantes y participan habitualmente en actos aberrantes de violencia", indicó HRW en su informe, elaborado con base en más de 70 entrevistas en Buenaventura a lo largo de dos semanas en noviembre de 2013.

Esas bandas "son responsables de la desaparición de una gran cantidad -posiblemente cientos- de residentes de Buenaventura durante los últimos años. Estos grupos descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares que se extienden a sus orillas o los entierran en fosas clandestinas", añadió HRW.

El grupo no gubernamental ratificó denuncias ya hechas por la Defensoría del Pueblo colombiana en torno a que en Buenaventura existen "casas de pique" donde las personas son desmembradas.

La Fiscalía y la Policía Nacional han dicho que investigan los rastros dejados en al menos dos de esos locales, que suelen ser pobres casuchas de madera en barrios marginales del mencionado puerto.

La Defensoría del Pueblo ha reportado al menos ocho casos de personas desmembradas entre junio y octubre de 2013.

En tanto, la policía informó el hallazgo el 15 de marzo de los cadáveres de un hombre y una mujer, ambos desmembrados, una violenta práctica que según la Fiscalía General no se reportaba en el país de esa manera, en una sola localidad y tan frecuente, desde los tiempos anteriores a la desmovilización de los escuadrones que integraron las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, en 2003.

La Fiscalía ha dicho que investiga casos de al menos siete personas desmembradas en dos lugares de Buenaventura en los últimos dos meses y que por ahora no puede afirmar, con total seguridad, que todas las víctimas sean civiles o también existan miembros de esos grupos armados ilegales.

El consejero o delegado del gobierno para las regiones y a cargo del tema de Buenaventura, David Luna, no atendió de inmediato llamadas de la AP para conocer su posición sobre el caso y el informe de HRW, que le fue presentado la víspera.

Según HRW en Buenaventura se registran los índices más elevados de desplazamiento de personas por la violencia, al menos 13.000 e en el 2013, se reportan 150 desaparecidos en al menos los dos últimos años y en cuanto a personas desmembradas serían entre 15 a 18. Pero en esos casos de personas mutiladas "estamos dependiendo del mar, de lo que pueda arrojar" de nuevo a las costas, dijo Vivanco.

"El horror en Buenaventura no tiene límites...y que nos retrotrae a las peores épocas del paramilitarismo en Colombia", añadió.

El gobierno de Santos, a través del Ministerio de Defensa, anunció la víspera un reforzamiento, con al menos 200 miembros, de la presencia de la fuerza pública en algunas de las zonas más conflictivas de la población y donde ya operan al menos 400 policías y 900 infantes de marina.

Pero Vivanco resalto que si bien la seguridad es un punto importante, también se requiere una acción de la justicia porque por ejemplo de más de 2.000 investigaciones abiertas por casos de desaparición y desplazamiento, "no hay una sola condena" sobre los responsables y un solo fiscal lleva actualmente 954 causas, más de 500 de ellas por desaparición y desplazamiento.

"Si no hay una intervención real...la situación lamentablemente no va a cambiar", indicó.