Defensa de alcalde a espera de Santos

La defensa del alcalde de Bogotá espera que el presidente Juan Manuel Santos acate la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió que se suspenda su destitución, y se resuelva así el largo pleito sobre el gobernante de la mayor ciudad colombiana.

Las medidas de la CIDH, con sede en Washington, "son de obligatorio cumplimiento... La bola está jugando en la cancha del presidente", dijo en diálogo telefónico con The Associated Press Rafael Barrios, uno de los abogados del suspendido alcalde Gustavo Petro. "Esta decisión vino como anillo al dedo" para evitar la destitución de Petro, agregó.

Los abogados de Petro solicitaron a fines de 2013 que la Comisión emitiera una medida cautelar o que suspendiera un fallo de la Procuraduría General colombiana que lo destituyó de su puesto y le prohibió hacer política por 15 años.

La noche del martes la Comisión emitió la medida a favor del alcalde y solicitó al gobierno colombiano suspender "inmediatamente" el dictamen de la Procuraduría.

La Comisión dijo en su decisión que la sanción de la Procuraduría "podría afectar el ejercicio de los derechos políticos" de Petro, lo que va a contra mano de normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Barrios explicó que por pasadas decisiones de altas cortes colombianas, el gobierno está obligado a acatar lo dispuesto por la CIDH y ahora se espera un pronunciamiento de Santos sobre el tema.

Petro, ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), ha mantenido una tenaz lucha jurídica por retener sus funciones desde que la Procuraduría lo sancionó al alegar que cometió fallas "gravísimas" con su decreto de fines de 2012 que dispuso un cambio en el sistema de recolección de basura de Bogotá.

El procurador dijo que Petro violó normas de la libre empresa y competencia al decretar el cambio en el sistema de recolección de residuos, lo que por tres días dejó a la capital hecha un reguero de desperdicios.

Según el alcalde, el procurador general Alejandro Ordóñez le impuso el castigo por razones políticas porque es un ultraconservador que se opone a sus programas para favorecer a los más pobres.

Si Santos debe o no acatar la decisión "no debería ni preguntarse", indicó Petro en una entrevista con Canal Capital, una televisora de la alcaldía. "El sistema interamericano es parte de nuestra constitución, es parte de nuestra institucionalidad", añadió el funcionario al insistir que Santos no tiene otro camino que cumplir la medida de la CIDH.

Independientemente de la decisión de la CIDH, Petro enfrenta también un referendo revocatorio de su mandato cuya fecha fue fijada por las autoridades electorales para el 6 de abril. Para que la consulta sea válida, en el referendo deben participar al menos 1,2 millón de capitalinos y votar a favor de la revocatoria al menos unos 614.000, ha dicho el congresista Miguel Gómez del oficialista Partido Social de Unidad Nacional.

Petro ha sido criticado por no atender los problemas de la ciudad, como ampliar la red del sistema de autobuses.

El concejal Juan Carlos Flórez, del grupo Alianza Social Independiente y uno de los 45 miembros del congreso de Bogotá, dijo a AP que una muestra de la mala gestión de Petro es que la alcaldía, que maneja un presupuesto anual de unos 7.700 millones de dólares, se propuso en 2012 entregar casas a por lo menos 40.000 familias de desplazados de la violencia que han llegado a Bogotá.

Hasta ahora, dijo, "hay cero" casas hechas con fondos distritales y las únicas 400 viviendas entregadas fueron financiadas con fondos de administraciones pasadas.