Arizona plantea argumentos sobre derecho a fianza

La Asociación Nacional para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU) solicitó el martes a una corte de apelaciones que derogue una ley en Arizona que niega el derecho a fianza a inmigrantes que radican en el país sin autorización legal, una ley aprobada por el electorado que los legisladores de Arizona consideran necesaria para evitar que sospechosos de delitos huyan de Estados Unidos.

La abogada de la ACLU, Cecilia Wang, pidió a un panel especial de 11 miembros del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que considere a la ley inconstitucional, con el argumento de que los inmigrantes están siendo injustamente señalados como personas que podrían huir.

El caso representa la batalla más reciente de Arizona sobre sus campañas contra los inmigrantes no autorizados en la última década. Los votantes de Arizona aprobaron la ley en 2006 que niega fianza para personas que viven en el país sin autorización legal y que son acusados de algunos delitos graves, como homicidio, agresión sexual y robo de identidad con agravantes.

Wang argumentó que no existen datos empíricos que demuestren que estos inmigrantes presentan mayor riesgo de huir que otros que son dejados en libertad antes de sus últimas audiencias ante la corte.

La ACLU y otros grupos de asistencia legal sostienen que los detenidos de origen hispano son detenidos injustamente mientras que a los de otras nacionalidades se les permite contratar una fianza para que queden en libertad antes del juicio.

"Es injusto someter a ciertos subdivisiones de la población a reglas que no aplican para nadie más", dijo Wang.

Los abogados del estado argumentan que la ley evita que los acusados huyan del país antes de tener sus audiencias en la corte.

El fiscal adjunto de Arizona Tim Casey subrayó que la Proposición 100 fue aprobada por el 78% de los votantes. Casey aseveró que la ley cumple con el "convincente interés de mantener a Arizona seguro y a los trabajadores indocumentados fuera del país".

Un panel más pequeño de tres jueces del 9no circuito rechazó los argumentos de la ACLU en 2011, pero la organización apeló ante un panel de 11 jueces.

El martes, cuatro de los jueces plantearon preguntas a ambas partes pero no dieron indicios de a quién favorecerá su fallo. Una jueza, Marsha Berzon, preguntó retóricamente "¿Cómo alguien revoca la voluntad de una abrumadora mayoría de votantes para apoyar la ley (federal)?"

Podrían pasar meses antes de que la corte emita su veredicto, y el resultado podría ser apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Arizona es uno de por lo menos tres estados que han aprobado leyes relacionadas con el derecho a la libertad condicional para personas que carecen de autorización legal para residir en el país. Missouri y Virginia cuentan con leyes similares.

Arizona aprobó la ley que prohíbe el pago de fianza cuando tomaba medidas contra la inmigración ilegal mediante una serie de iniciativas de ley en la Legislatura y en las urnas.

Figuró entre cuatro propuestas de inmigración aprobadas por los habitantes de Arizona en 2006. La ley que niega la fianza fue propuesta por el entonces representante estatal republicano Russell Pearce, quien posteriormente lograría la aprobación de una drástica ley de inmigración en Arizona en 2010.

Los demandantes aseguran que el esfuerzo de la Legislatura de Arizona de incluir la medida en la boleta electoral tenía la intención de castigar a las personas que viven en el país ilegalmente por violaciones federales de inmigración. Asimismo alegaron que la ley estatal es rebasada por la ley federal.

Los abogados que defienden la ley afirman que ésta es un intento para mejorar la seguridad pública, no de sancionar a la gente por violaciones federales de inmigración. Asimismo dijeron que la ley estatal no discrepa con la ley federal.

___

Producto interactivo

http://hosted.ap.org/interactives/2013/reforma-migratoria/