Paraguay: Campesinos rechazan pedido de obispos

Cinco campesinos paraguayos en huelga de hambre desde hace 25 días en una cárcel rechazaron el lunes un pedido de los obispos católicos para dejar sin efecto el ayuno.

Los encarcelados son parte del grupo de doce agricultores acusados de la muerte de seis policías durante un enfrentamiento ocurrido el 15 de junio de 2012 en una finca de Curuguaty, al noreste de Asunción, en el que también fallecieron once campesinos.

Como consecuencia de la matanza fue destituido el entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político en el Senado.

Siete labriegos guardan reclusión domiciliaria desde el año pasado esperando el juicio previsto para comenzar el 26 de junio en la norteña ciudad de Salto del Guairá, a 400 kilómetros de la capital.

"Vinieron varias personas a visitarnos, entre ellas obispos católicos, pidiéndonos que levantemos la huelga de hambre para no tener que lamentar más muertes", explicó una carta de los huelguistas enviada a The Associated Press a través de la cuenta de correo de Fabricio Arnella, miembro del comité central del opositor Partido Comunista Paraguayo.

La misiva agregó: "No quisimos hacer la huelga de hambre y la queremos levantar pero nuestra huelga no es un capricho, la hacemos por la injusticia contra nosotros. La fiscalía no presentó ni una sola prueba seria en contra nuestra, entonces seguimos con la huelga".

Mariano Castro, padre de dos de los acusados y huelguistas Néstor y Adalberto Castro, dijo a la AP que "el fiscal Jalil Rachid acusó a los 12 compañeros campesinos por los supuestos delitos de tentativa de homicidio doloso contra los policías, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno".

"Pero el mismo fiscal declaró en las audiencias preliminares que no pudo precisar quién disparó contra los policías y tampoco pudo establecer quién es el dueño de la finca de 2.000 hectáreas conocida como Marina Cué que para nosotros es del Estado y no del ex senador Blas Riquelme; como creemos es del Estado, los compañeros la ocuparon esperando que el gobierno de Lugo la destinara a la reforma agraria", comentó.

Las tierras en disputa fueron donadas al Estado en 1967 por la compañía paraguayo-argentina La Industrial Paraguaya para la construcción de un cuartel de la armada. Ese mismo año el entonces presidente Alfredo Stroessner las aceptó mediante un decreto pero por razones desconocidas no se hicieron los trámites burocráticos en los registros públicos para la titulación. Posteriormente, Riquelme las ocupó para actividades agrícolas.

El obispo Mario Medina y el sacerdote Francisco de Paula Oliva junto con familiares de los acusados se entrevistaron el lunes con miembros de la Corte Suprema de Justicia reclamando el otorgamiento de la prisión domiciliaria para los cinco huelguistas.

"Recibimos como respuesta que la Corte hará todo lo posible para que el juzgado penal otorgue prisión domiciliaria a los cinco y, además, para que los jueces aceleren una definición sobre quien es el propietario de las tierras en disputa", dijo monseñor Medina en breve reunión con periodistas.