Colombia: Archivan caso de coronel por ejecución

La Fiscalía General archivó el caso de un coronel del ejército que era investigado por la ejecución extrajudicial de cuatro hombres, uno de los pocos procesos en los que no se logró demostrar la responsabilidad del uniformado en registrar a civiles muertos como bajas guerrilleras.

El archivo de la investigación en favor del teniente coronel retirado José Gabriel Castrillón García fue proferido por una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que lo investigaba por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y homicidio.

Los hechos por los cuales fue procesado Castrillón se remontan al 12 de febrero de 2004, cuando en zona rural del municipio del departamento de Chocó y a 510 kilómetros al noroeste de Bogotá, hubo un enfrentamiento entre tropas oficiales y rebeldes "al parecer a la cuadrilla 57... de las FARC que delinquen en el sector, dando como resultado la baja de cuatro terroristas de esa organización delictiva", según documentos de la Fiscalía obtenidos por la AP.

Aunque la investigación logró establecer que las cuatro víctimas desaparecieron de sus viviendas el 10 de febrero cuando "se dirigieron supuestamente a (la ciudad de) Montería... ante promesas falsas de trabajo", no se logró demostrar la responsabilidad del entonces oficial en los hechos y ni siquiera una orden de pago de recompensas por el resultado del supuesto operativo militar en contra de los rebeldes pues la firma y huella no correspondían a las del coronel, de acuerdo con la decisión de la Fiscalía.

En la decisión de 85 páginas, la fiscal Luz Marina Abella enfatizó en que la investigación contra Castrillón se archivaba "bajo el entendido... de la ausencia de certeza, mas no de la declaratoria de inocencia y ante la presencia de duda manifiesta que... no permite más alternativa que resolver a favor del implicado".

La Fiscalía General también informó que, un caso distinto al de Castrillón, ocho militares fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de dos campesinos a los que falsamente presentaron como delincuentes muertos en combate.

Esos hechos ocurrieron el 10 de mayo de 2006 en zona rural del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia y a unos 360 kilómetros al noroeste de Bogotá, explicó la Fiscalía General a través de su oficina de prensa.

Las víctimas fueron identificadas como Yamit Verbel y Jorge Eliécer Barbosa.

Los ocho soldados profesionales del ejército, arrestados para que respondan por su aparente responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y homicidio, fueron recluidos en una cárcel militar del municipio de Carepa, Antioquia, a 450 kilómetros al noroeste de la capital colombiana.

En octubre de 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y su ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares --entre ellos a tres generales-- porque por acción u omisión habrían permitido la ejecución extrajudicial de 11 hombres de Soacha, un municipio del sur bogotano.

A partir de ese momento la Fiscalía inició una vasta investigación que da cuenta de más 3.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de militares. Varios cientos de uniformados, muchos de ellos ya condenados, se encuentran procesados por estos hechos conocidos en Colombia como "falsos positivos".