Chile: Gobierno y corte discrepan por fallo

El gobierno del presidente Sebastián Piñera y la Corte Suprema de Chile protagonizaron declaraciones cruzadas por el fallo judicial que condenó a 18 años de cárcel al líder mapuche Celestino Córdova, quien fue declarado culpable del incendio en que murió un matrimonio de terratenientes de la región de La Araucanía.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, criticó la sentencia del tribunal penal de Temuco, que no consideró suficiente, e insistió en que el ataque y muerte del matrimonio Luchsinger Mackay sí fue un hecho terrorista, algo que los tribunales desestimaron.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, pidió el sábado respetar la independencia de los poderes del Estado y criticó el "espectáculo indecoroso" que provocan las "descalificaciones" a la labor de los magistrados.

En este escenario, el presidente Piñera defendió el domingo "el derecho" de su gobierno a opinar sobre los fallos de la justicia y afirmó que "si bien respetamos y acatamos los fallos de la Justicia" a veces "no compartimos sus fundamentos y eso es perfectamente legítimo".

El crimen ocurrió el 4 de enero de 2013 por la madrugada en la localidad de Vilcún.

La investigación judicial determinó que los atacantes fueron un grupo de encapuchados, aunque la policía sólo capturó a Córdova a unos dos kilómetros y medio de la casa del agricultor Werner Luchsinger, de 75 años, y de su esposa, Vivian Mackay, de 69.

Córdova presentaba una herida de bala en el pecho, que según los demandantes era del mismo calibre de una pistola disparada por Luchsinger antes de morir quemado vivo.

En el fallo de 120 páginas, el tribunal culpó a Córdova de "autor del delito de incendio con resultado de muerte" y lo condenó a 18 años de presidio en su grado máximo.

El gobierno y la fiscalía pidieron que Córdova fuera juzgado bajo una controversial ley antiterrorista, legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que eleva considerablemente las penas. Pero dos de los tres jueces consideraron que no fue un acto terrorista.

La polémica ley se aplica casi exclusivamente al pueblo mapuche y su invocación fue rechazada incluso por la ONU, que pidió "derogar la ley o abstenerse de usarla" pues en Chile "no hay situación de terrorismo".

La presidenta electa Michelle Bachelet, quien en su anterior mandato (2006-2010) recurrió en cuatro ocasiones a esa legislación, aseguró que no volvería a usarla.

Los mapuches reclaman la recuperación de sus tierras ancestrales, ocupadas por grandes productores forestales y latifundistas, situación que afirman los mantiene entre los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad chilena.