Impulsan cambios a poderes de guerra en EEUU

Dos miembros del Senado propusieron el jueves cambios importantes al mecanismo de consulta entre el presidente y el Congreso para el envío de las fuerzas militares estadounidenses a una guerra.

Los senadores John McCain, republicano de Arizona, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, presentaron una iniciativa que revocaría la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 --a menudo desacatada por los presidentes de ambos partidos-- y la reemplazaría con una nueva ley que obligaría una mayor consulta y una votación legislativa antes de 30 días con vistas a un conflicto armado importante.

"La Constitución confiere al Congreso la facultad de declarar una guerra, pero el Congreso no ha declarado formalmente una desde junio de 1942, aun cuando nuestra nación se ha involucrado desde entonces en una decena de operaciones militares de diversa escala", expresó McCain. "Esta situación tiene un motivo: la naturaleza cambiante de la guerra", apuntó.

Desde que se aprobó la resolución en la era de la Guerra de Vietnam, las fuerzas militares de Estados Unidos se han involucrado en diversos conflictos, más recientemente cuando el presidente Barack Obama envió en 2011 aviones de combate estadounidenses para la protección de civiles en Libia.

Esta operación desató un intenso debate en el Congreso en cuanto a si el presidente se había excedido en su autoridad.

El debate se avivó nuevamente en 2013 cuando Obama solicitó inicialmente al Congreso que aprobara una acción militar estadounidense contra Siria.

"Cuarenta años de una fallida resolución sobre poderes de guerra en el mundo peligroso de hoy dejan entrever que es hora de volver a hacer algo y efectuar cuidadosas deliberaciones para actualizar y normalizar el nivel adecuado de consulta entre un presidente y la Legislatura", expresó Kaine.

La propuesta obligaría al presidente a consultar con el Congreso "antes de ordenar un despliegue hacia un 'conflicto armado importante', u, operaciones de combate prolongadas, o que se prevea duren más de siete días". La consulta debe anteceder tres días al despliegue.

Las misiones humanitarias y las operaciones encubiertas quedarían excluidas.