Chile: extraditarán mujer vinculada a caso de DDHH

La Corte Suprema chilena ordenó el jueves extraditar desde Australia a Adriana Rivas, ex secretaria del líder de la policía represiva de la dictadura de Augusto Pinochet, por su vinculación con el asesinato de un secretario general del Partido Comunista que fue retenido durante ocho meses en una cárcel secreta antes de ser asfixiado y lanzado al mar.

Rivas estuvo detenida en Chile por su participación en el llamado "caso Conferencia", el secuestro y asesinato de una directiva completa del Partido Comunista, incluido su secretario general Víctor Díaz, por lo que se pedirá la extradición, según una decisión unánime del máximo tribunal de justicia.

Díaz, detenido en 1976, pasó ocho meses en un cuartel secreto donde era torturado y sanado de sus heridas para volver a ser maltratado.

Rivas perteneció a la Brigada Lautaro de la policía represiva, cuyo cuartel secreto fue descubierto recién a comienzos de 2000, pues ningún prisionero salió vivo del lugar. Una vez asesinados los prisioneros eran, en su mayoría, desfigurados con sopletes, borradas sus huellas digitales y lanzados al mar, según estableció el juez Víctor Montiglio, que encontró el recinto.

La mujer se casó en 1978 y se fue a vivir a Australia, pero durante una visita a Chile en 2006 fue detenida y procesada por su vinculación con el "caso Conferencia". Tras unos meses de prisión, fue liberada condicionalmente, ocasión que aprovechó para huir del país y regresar a Australia.

En declaraciones a una radioemisora australiana Rivas aseguró que es inocente de los cargos que la vinculan a la muerte del dirigente político, y que nunca participó en torturas.

La Corte Suprema dijo en su fallo que el secuestro de Díaz "fue cometido en un contexto de violaciones a los derechos humanos, masivas y sistemáticas", cometidas por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que las víctimas eran "un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas".

El régimen militar dejó un saldo oficial de poco más de 40.000 víctimas, de las cuales 3.095 fueron asesinadas.