NY: Indemnizarán a inquilinos hispanos

Familias inmigrantes hispanas serán compensadas monetariamente y algunas con apartamentos después de que el gobierno estatal de Nueva York llegara a un acuerdo con una empresa inmobiliaria a la que acusa de intentar forzar las expulsiones de estos inquilinos pidiéndoles que demostrasen que se encuentran en el país legalmente y cobrándoles de más, entre otras cosas.

La administración del gobernador Andrew Cuomo anunció el miércoles el acuerdo judicial que, según un comunicado, finaliza el acoso que sufrieron familias inmigrantes de casi 1.800 apartamentos en 49 edificios de los barrios de Harlem, Washington Heights, Brooklyn y el sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York.

La empresa inmobiliaria, Castellan Real Estate Partners, no respondió a mensajes de Associated Press. Según el acuerdo judicial la compañía se compromete a crear un fondo de 100.000 dólares para compensar a inquilinos maltratados, aunque no admite haber cometido delito alguno.

El estado de Nueva York aseguró que la empresa pedía pruebas de ciudadanía estadounidense y números de la seguridad social a las familias, lo que está considerado como ilegal a la hora de renovar contratos de alquiler. Los apartamentos son de renta asequible y, según las acusaciones del gobierno, Castellan intentó forzar la expulsión de las familias al no presentar renovaciones de alquiler y amenazarlas con expulsarlas debido a su estatus migratorio.

Muchas de las familias en estos edificios son de habla hispana y provienen de México y Ecuador, dijo el encargado de la Unidad de Protección a Inquilinos del estado de Nueva York, Richard White. La agencia investigó a la empresa inmobiliaria durante meses después de protestas por parte de los inquilinos y reportes en los medios de comunicación locales.

"Tan sólo un pequeño número de familias que conocemos se vieron forzadas a abandonar los apartamentos. Pudimos lograr el acuerdo antes de que un gran número de familias tuvieran que abandonar sus casas", dijo White a Associated Press. "Cuando impongamos a un controlador que monitoreará a la empresa propietaria lanzaremos una agresiva campaña para contactar con individuos de los que quizás aún no sabemos y que pudieron haber sido forzados a salir de sus hogares".

El acuerdo judicial estipula que Castellan deberá contratar a un controlador que durante tres años se encargará de asegurar que la empresa cumple con los términos del acuerdo y establece el fondo de compensación. Castellan también deberá cambiar sus procedimientos y ofrecer protecciones a los inquilinos, además de someter a sus empleados a entrenamientos para evitar futuros abusos.

Algunos inquilinos forzados a abandonar sus apartamentos podrán volver a instalarse en apartamentos similares.

"Todo neoyorquino se merece que lo traten justamente, sin importar de donde viene", dijo el gobernador Cuomo en un comunicado. "Este acuerdo sirve de recordatorio a los arrendadores para que se atengan a las consecuencias si tratan de intimidar a los inquilinos en base a su origen, ciudadanía o estado migratorio".

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Claudia Torrens está en Twitter como http://www.twitter.com/ClaudiaTorrens