Ecuador: ratifican prisión a asambleísta opositor

La Corte Nacional de Justicia negó un recurso que buscaba la revisión y anulación de una sentencia contra el asambleísta Cléver Jiménez, su asesor y un dirigente médico, sentenciados en abril a 18 meses de prisión por injuriar al presidente Rafael Correa.

La decisión judicial, que se tomó cerca de la medianoche del martes tras varias horas de audiencia, ratificó la sentencia a 18 meses de cárcel para Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio, y de seis meses para el médico Carlos Figueroa. Además dispuso el pago al mandatario de 145.000 dólares "como reparación económica" y la publicación de una disculpa pública a través de medios de prensa, radio y televisión.

"No es una sorpresa para nosotros, sin embargo, hago un llamado al pueblo ecuatoriano porque no está en juego solamente la vida de Cléver Jiménez, está en juego la libertad y la democracia de un país", declaró Jiménez. 

Por su parte, Figueroa dijo a periodistas "no voy a huir del país, me voy a quedar aquí para evidenciar que no tenemos miedo al presidente Correa, no voy a huir al extranjero".

La Corte debe notificar en los próximos días la decisión en los casilleros judiciales de las partes antes de que se cumpla la sentencia.

El pleito entre los tres sentenciados y Correa comenzó en 2011 cuando lo acusaron de delitos de lesa humanidad por ordenar la incursión armada al hospital de la policía, donde el presidente permaneció refugiado por varias horas durante el levantamiento policial del 30 de septiembre de 2010.

Entonces un grupo de policías se amotinaron en el principal cuartel policial capitalino al que Correa decidió ingresar, pero los uniformados lo agredieron verbal y físicamente por lo que llegó al vecino hospital de la policía, de donde fue rescatado por un operativo militar que dejó heridos y fallecidos.

El gobierno de Correa también ha acusado judicialmente a Jiménez y Villavicencio de acceder ilegalmente a su cuenta de correo electrónico y de otros altos funcionarios estatales, de obtener información y revelarla sin consentimiento; pero los acusados han dicho que la información les fue entregada por funcionarios públicos.

En medio de la investigación judicial, la fiscalía allanó la oficina de Jiménez en la Asamblea y el domicilio de Villavicencio para buscar pruebas del presunto acceso ilegal a esas cuentas.

Jiménez y Villavicencio han dado a conocer presuntos hechos de corrupción en negocios petroleros y de seguros dónde estarían involucrados funcionarios y ex funcionarios del gobierno.