Un helicóptero para el combate del fuego fue atacado con una bomba incendiaria el martes sumándose a una seguidilla de atentados en la llamada zona del conflicto indígena, lo que llevó al gobierno chileno a anunciar que aplicará una controvertida ley antiterrorista contra los responsables de los ataques.

Desconocidos ingresaron a la finca donde se guardaban dos helicópteros, custodiados por una patrulla policial, lanzaron una bomba incendiaria a uno de los aparatos e hirieron a un policía. No se dieron detalles sobre las lesiones que sufrió el agente.

El ataque se suma a otro con munición de guerra disparada contra otro helicóptero destinado al combate de incendios. "Es un atentado gravísimo. Yo vi las fotos. Es una bala de guerra que perforó el piso del helicóptero y salió en el asiento trasero derecho", dijo el ministro de Agricultura, Luis Mayol. El ataque ocurrió el domingo.

El ministro del Interior subrogante, Rodrigo Ubilla, advirtió que el gobierno invocará el próximo jueves la ley antiterrorista, legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y que permite a la fiscalía presentar testigos protegidos, extender las detenciones preventivas hasta por dos años, intervenir las comunicaciones, compensar las delaciones y elevar considerablemente las condenas.

La normativa es fuertemente criticada por organismos internacionales y por la oposición de centroizquierda, que en marzo de 2014 vuelve al poder de la mano de la ex presidenta Michelle Bachelet quien durante su mandato anterior (2006-2010) la usó reiteradamente.

Durante la campaña electoral Bachelet dijo que no la volvería a invocar.

"Esto tiene que ver con la gravedad de los antecedentes, de los panfletos y de la información recopilada por las policías en el sitio de los hechos", agregó Ubilla.

Leyó lo que dijo es la traducción exacta de uno de los panfletos: "'Si no hay tierra, habrá guerra', ese es el llamado que hace este grupo", añadió.

Hace menos de una semana desconocidos quemaron maquinarias de agricultores e incendiaron una casa patronal. La policía reforzó la vigilancia en las áreas donde se podrían producir nuevos atentados, pero la zona de La Araucanía es demasiado extensa.

Un sector de la etnia mapuche lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales, ocupadas por grandes productores forestales y latifundistas, y rechaza la política oficial de repartirles pequeños terrenos a las comunidades, que muchas veces no pueden o no tienen maquinaria con qué trabajarlos.

Decenas de mapuches han pasado hasta dos años presos, en virtud de la ley antiterrorista, y luego fueron liberados sin cargos. Otros han protagonizado huelgas de hambre de más de dos meses para presionar contra la legislación que los procesa como terroristas.

Los últimos atentados coinciden con dos tragedias en La Araucanía: el 4 de enero se cumple un año de la muerte de un matrimonio de ancianos quemados vivos por una veintena de encapuchados que incendió su casa. El único procesado es un mapuche. Además, a mediados de diciembre se inició el juicio oral contra el mapuche Daniel Melinao, acusado de complicidad en el asesinato de un sargento de la policía durante un allanamiento a una comunidad indígena en abril de 2012. Procesado por la ley antiterrorista, se arriesga a recibir una condena de 35 años.

El sacerdote jesuita Luis García-Huidobro afirma que Melinao es inocente pues horas antes del allanamiento él mismo lo acompañó a tomar un autobús que lo condujo lejos de la comunidad.

La lucha de los grupos mapuches por la recuperación de las tierras de sus ancestros se acentúa todos los veranos, cuando se incrementa el paso de camiones madereros, que muchas veces son incendiados.

-----

Eva Vergara está en Twitter como: @evergaraap