El sistema judicial del estado de New Hampshire dispuso nuevas reglas para facilitar un servicio de intérpretes a los litigantes, testigos y otras personas que soliciten acceso a los archivos judiciales y a los procesos.

El Plan de Servicios de Idiomas de la rama judicial de New Hampshire entrará en vigencia desde el miércoles 1 de enero del 2014.

En un reciente fallo los magistrados de la Corte Suprema de New Hampshire dijeron que los servicios de intérpretes han sido brindados por muchos años y que el actual sistema cumple efectivamente con las necesidades de las personas con limitaciones de inglés. Pero señalaron que un amplio plan disponible públicamente garantizará que los servicios sean confiables y consistentes.

El sistema judicial estatal se ha encontrado con más de 2.000 casos de personas con "limitado conocimiento del inglés" durante el 2011. Los hispanohablantes integran más de los dos tercios de ese total.

En una opinión contraria, el magistrado Robert Lynn dijo que estaba de acuerdo en que "tener un plan es mejor que no tener ninguno", pero expresó desacuerdo con una cláusula que obliga a que los servicios de interpretación deberían ser brindados al margen de la capacidad de pago del usuario.

Los otros magistrados indicaron que si no se incluye esa cláusula podría ser visto por el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) como una violación de la ley federal que prohíbe la discriminación en base a origen nacional. Pero Lynn destacó que el DOJ no ha ofrecido una explicación convincente de cómo no brindar intérpretes gratuitos a aquéllos que puedan pagarlos les negaría el importante acceso a los tribunales.

"Además de mi objeción de imponer a los contribuyentes de nuestro estado con otro derecho económico... existe otro aspecto desafortunado de que el DOJ exija que haya intérpretes para todas las personas (con limitaciones de inglés)", agregó. "No se toma en consideración alguna el reconocimiento de responsabilidad para aquéllos que vienen a este país de otros lugares a aprender el idioma inglés".

Lynn alegó que si todos los tribunales deben ofrecer servicios de intérpretes a las personas sin medios económicos, la obligación debería estar sujeta a un tiempo límite razonable --hasta cinco años, quizás-- con excepciones en los casos de niños, personas discapacitadas o aquéllos que emigraron a Estados Unidos en edad avanzada.

La adopción de planes de servicios de idiomas en todos los estados ha sido alentada por el Departamento de Justicia como una medida contra la discriminación.