Con más de 10 años de experiencia como abogado en los tribunales de República Dominicana, Felipe Fortines Yen teme que su carrera profesional quede truncada y su identidad jurídica desaparezca debido a la decisión del tribunal constitucional de anular la nacionalidad de los descendientes de extranjeros sin permiso de residencia, en su gran mayoría de origen haitiano.

"Ninguna persona debería ser sometida a un nivel de incertidumbre como el que estamos viviendo", dijo a The Associated Press Fortines Yen, de 47 años, y a quien las autoridades le niegan la copia certificada de su acta de nacimiento por ser hijo de haitianos que residían en el país ilegalmente.

Fortines Yen, padre de dos menores de edad, necesitaba en 2009 el documento como requisito para inscribirse en una maestría. Debido a la negativa de las autoridades, no ha podido comenzar su posgrado y teme que cuando venza su licencia de abogado, que tiene que ser renovada periódicamente, tampoco pueda hacer el trámite y no se le permita litigar.

Sus hermanos, una médica y un estudiante de ingeniería, pasan por situaciones similares.

Como Fortines Yen y sus hermanos, miles de dominicanos descendientes de haitianos enfrentan en 2014 una de las mayores encrucijadas de sus vidas.

Tras la decisión del tribunal constitucional que los consideró extranjeros, el gobierno les exige adherirse al programa que los registrará como inmigrantes para ser naturalizados. La alternativa sería negarse a ser naturalizados por considerar que ya son dominicanos, continuar sus protestas y llevar sus casos ante organismos internacionales para tratar de revertir el fallo judicial.

No adherirse al proceso de naturalización, como sugieren Fortines Yen y diversos grupos de derechos humanos, implicará que queden apátridas, sin derechos civiles y expuestos a ser expatriados hacia el vecino Haití, un país que no conocen y en donde no tienen vínculos.

"No pueden ser naturalizadas simplemente porque ya son dominicanas", consideró el abogado Genaro Rincón, quien instrumentó algunos de los expedientes que estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 62 personas a quienes la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, les niega desde 2007 sus documentos de identidad por su ascendencia haitiana.

Explicó que la eventual naturalización implica primero desnacionalizarlos para luego darles una "ciudadanía a medias" porque no tendrían los mismos derechos politicos que un dominicano de nacimiento. De acuerdo con la constitución, los extranjeros naturalizados no pueden aspirar a la presidencia, ni ser jueces de la Suprema Corte. Para postularse al Congreso, deben esperar 10 años después de su naturalización o cinco para un cargo municipal de elección popular.

"Es un absurdo", comentó el abogado Antonio Pol-Emil, quien por ser hijo de haitianos sin residencia legal también podría perder la nacionalidad, pese a que ocupa un cargo de elección popular en su natal San Pedro de Macorís.

"El pueblo votó por mí (en los comicios municipales del 2010) en mi condición de dominicano y la Junta Central Electoral certificó la elección", recordó el también activista por los derechos humanos.

Mientras Fortines Yen teme que lo despoje de su identidad y con ello de su título académico y su licencia para litigar, Pol-Emil se cuestiona sobre la legalidad que tendrán las decisiones y documentos que él ha firmado como regidor una vez que anulen su nacionalidad.

"Si yo no existo, tal como me registraron al nacer ¿mis bienes a quién le pertenecen?", se cuestiona el sociólogo Beneco Henecia, de 43 años, quien también podría ser desnacionalizado a pesar de que fungió cuatro años como alcalde de su natal batey 8, en el suroeste de República Dominicana, tras ganar las elecciones del 2006.

Esas son algunas de las "grandes incertidumbres que ha creado la sentencia" del tribunal constitucional, insistió Pol-Emil, quien nació en 1954 de padres que, como miles de inmigrantes, habían llegado de Haití para trabajar en los ingenios azucareros del Estado.

Como consecuencia del fallo del tribunal, que dividió a la sociedad dominicana y revivió las tensiones con el gobierno de Haití, el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo anunció la creación de una ley especial para naturalizar a partir del 2014 a las miles de personas que perderán la nacionalidad.

El tribunal había determinado el 23 de septiembre pasado, al analizar el caso particular de la descendiente de haitianos Juliana Deguis Pierre, que las personas nacidas en el país después de junio de 1929 de padres que no poseían residencia legal no son dominicanos y ordenó emprender acciones judiciales para anulares la nacionalidad.

La gran mayoría de los afectados serán los descendientes de los inmigrantes del vecino Haití que durante gran parte del siglo XX fueron llevados a trabajar como peones a los cañaverales dominicanos, donde permanecieron el resto de sus vidas y donde nacieron y fueron criados sus hijos.

La desnacionalización también generó nuevos roces políticos con Haití, país del que República Dominicana se independizó en 1844 tras 22 años de ocupación. Ambas naciones que comparten la isla La Hispaniola tienen una larga historia de tensiones fronterizas y migratorias, que incluyen la masacre de más de 17.000 haitianos ordenada en 1937 por el entonces dictador dominicano Rafael Leonidas Trujiillo.

La sentencia "desnacionalizó a un amplio grupo de personas" con un "efecto discriminatorio" hacia los hijos de haitianos, que son afrodescendientes, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al término de cinco días de visita a República Dominicana a principios de diciembre en los que recibió unas 4.000 denuncias y testimonios de personas a quienes el gobierno les niega sus documentos y que podrían ser despojadas en breve de la nacionalidad, cuando se complete un inventario de todos los hijos de extranjeros.

José de Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana, consideró no se puede exigir naturalizarse "a personas que previamente ya eran consideradas dominicanas".

Pese a las críticas y recomendaciones de la Comisión Interamericana y otros organismos internaciones, como Naciones Unidas, el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez, aseguró que el gobierno continuará con su plan de naturalización, para lo cual el congreso bicameral tiene que aprobar una ley que todavía no ha sido redactada.

Ninguna de las autoridades involucradas en el diseño de la ley ha precisado los plazos de ese proyecto, los requisitos y condiciones que deberán reunir quienes opten por naturalizarse y los trámites que deberán realizar para mantener vigentes sus antiguos documentos, como sus certificados académicos o títulos de propiedad que están registrados con su número de identidad dominicano.

"Es una situación jurídica amplísima que todavía no se ha apreciado por el calor de la discusión de los derechos humanos", estimó Fortines Yen, quien insiste que de ninguna forma accederá a naturalizarse, pues en la constitución "no existe ninguna posibilidad de quitarle la nacionalidad a alguien".

Aunque no existen cifras oficiales sobre el número de afectados, diversas organizaciones de derechos humanos estiman con base en una encuesta de Naciones Unidas, que podrían ser 250.000 personas, de las cuales unas 210.000 son descendientes de haitianos.

Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, indicó que un muestreo del registro civil encontró poco más de 24.000 hijos de extranjeros sin residencia, de los cuales cerca de 14.000 tienen ascendencia haitiana.

Los casos de Fortines Yen, Beneco o Pol-Emil, que tuvieron educación universitaria, no son la norma. La gran mayoría de afectados, incluida Juliana Deguis Pierre, no ha tenido acceso a la educación y aún vive en bateyes, como se conocen los pueblos ubicados de los cañaverales y que se caracterizan por la "pobreza, exclusión y discriminación", según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Yo pongo fe en que esto se va a solucionar", dijo Deguis Pierre a The Associated Press. La mujer, de 29 años, sólo cursó hasta el quinto grado de educación básica y ha trabajado exclusivamente como empleada doméstica debido a que carece de cédula de identidad, necesaria para tener un empleo formal. Por la falta de documentos tampoco ha podido registrar el nacimiento de ninguno de sus cuatro hijos.

Aunque la dirección de Migración anunció que tiene listo un permiso de estadía temporal en el país para que Deguis Pierre comience a regularizarse como inmigrante, ella se mantiene firme: "Eso no se puede hacer. Soy dominicana, nací aquí y nunca he ido a otra parte".