El Estado de Costa Rica cumple este 21 de diciembre, un año sin acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para habilitar la práctica de la fertilización in vitro y las parejas afectadas pusieron el viernes un recurso de amparo constitucional.

La prohibición que impuso Costa Rica a esta técnica desde el año 2000 ha sido objetada por las parejas que presentaron el recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en busca de que se obligue al cumplimiento de la sentencia.

El proyecto de ley para habilitar esta técnica de reproducción humana está en manos de la Asamblea Legislativa, que el jueves pasado salió a un largo receso que finalizará el 2 de febrero, sin aprobar la ley de Fertilización In Vitro.

El abogado de las parejas demandantes, Boris Molina, explicó The Associated Press que con este recurso se busca que los magistrados determinen en concreto quiénes son las personas que deben dar cumplimiento a la sentencia, y solicitan una condenatoria por daños y perjuicios por tener a estas personas en espera durante un año más.

Molina aclaró que la sentencia de la CIDH era de "cumplimiento inmediato" y que este 21 de diciembre vence el plazo para que el Estado costarricense brinde su segundo informe sobre el cumplimiento de la sentencia.

Además, el abogado presentó una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, la cual ya fue aceptada y se dio inicio a las investigaciones por parte del Ministerio Público.

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), María Eugenia Venegas, dijo a The Associated Press que desde el lunes se dieron negociaciones con el presidente de la Asamblea Legislativa para que se aprobara la ley de Fertilización In Vitro antes de salir al receso.

Venegas denunció que pese a la resolución del Directorio Legislativo para discutir el tema, su compañero de partido, Manrique Oviedo y el diputado evangélico Carlos Avendaño, presentaron una apelación para obstaculizar el proceso.

La legisladora aseguró que este tipo de recursos legales han sido utilizados reiteradamente para bloquear la discusión, y dudó de la posibilidad de que sea esta Asamblea Legislativa (que finaliza su periodo en mayo del 2014) sea la que habilite la técnica en cumplimiento de la sentencia.

Venegas señaló que la presidenta Laura Chinchilla también es responsable del incumplimiento, pues por la vía de un decreto, podría habilitar la Fertilización In Vitro en los casos en que no sea necesaria la donación de ovarios.

El abogado Molina anunció que se solicitará a la CIDH una "sentencia de incumplimiento" contra Costa Rica, la cual luego debe ser remitida a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que determine una sanción contra el país.