Los principales opositores firmaron el jueves un acta de compromiso a instancias de la Iglesia católica para impulsar políticas de ayuda a los drogadictos y de lucha contra el narcotráfico, mal que se ha agravado en los últimos años en Argentina.

Los opositores, la mayoría de ellos legisladores representativos de gran parte del arco político, y Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, leyeron un documento en un encuentro en la sede del Episcopado en el cual señalaron la necesidad de terminar con las mafias de la droga y aplicar políticas de contención para los adictos.

"Reconocemos que el creciente consumo de drogas ilícitas y las redes criminales que controlan su tráfico hacen necesario un urgente acuerdo entre las fuerzas políticas de la nación con la finalidad de consensuar caminos que permitan desarrollar medias concretas para enfrentar esta verdadera emergencia social", dijo Lozano durante su lectura del documento suscrito por los políticos.

Según el religioso, el problema "registra connotaciones particulares a nivel regional y nacional, por ello se acuerda establecer medidas" basadas en criterios que tengan en cuenta que "en el centro del problema de la drogadicción está el ser humano" y que es necesario "fortalecer el tejido social creando un contexto que permita superar la exclusión y marginación".

Además Lozano pidió una "atención particular" al problema del lavado de dinero producto de las actividades de los narcotraficantes

La Iglesia Católica se ha convertido en una de las voces más insistentes sobre el peligroso avance del narcotráfico en el país. El sacerdote Juan Carlos Molina fue designado recientemente al frente del organismo oficial de lucha contra las drogas en Argentina.

Entre los opositores que se reunieron con Lozano estuvieron el socialista Hermes Binner, el conservador Mauricio Macri, el peronista disidente Sergio Massa, el izquierdista Fernando Solanas y los centristas Ernesto Sanz y Margarita Stolbitzer.

Stolbitzer reclamó la reglamentación de la ley de registro de precursores químicos. "Sabemos que las drogas de diseño son una alternativa seductora para traficantes y Argentina por ser un país productor de precursores debe poner atención en esta variante y en el creciente número de laboratorios y cocinas de drogas que se instalan en las grandes ciudades", sostuvo la diputada.

Binner señaló en tanto que "la Argentina no es un país solo de tránsito y consumo, sino también de producción" y reclamó mayor presupuesto y recurso para "atender a todos los que los necesiten".

Los dirigentes también abogaron por la creación de una agencia federal que aplique políticas de combate a la droga en todo el territorio nacional y que impulse mayores controles fronterizos.

Los gobernadores de Buenos Aires, el peronista oficialista Daniel Scioli, y de Córdoba, el peronista disidente José Manuel De la Sota, adhirieron a la convocatoria de la Iglesia mediante una carta enviada a Lozano, dijeron medios de prensa.

Semanas atrás, los obispos argentinos emitieron un duro documento instando a las autoridades a tomar medidas urgentes para frenar el narcotráfico. Los religiosos dijeron que de no ponerse un límite al crimen organizado, Argentina estaba llamada convertirse en "Colombia o México".

En tanto, la Corte Suprema de Justicia reclamó al gobierno reforzar de modo urgente el control y la seguridad en la zona fronteriza con Bolivia, que según los expertos se ha convertido en la "gran puerta de entrada" del tráfico de drogas al país.

En los últimos años ha aumentado en el país el decomiso de cocaína y a las autoridades les preocupa especialmente el consumo entre las clases humildes del llamado "paco", de bajo costo, elaborado con residuos de cocaína y procesado con ácido sulfúrico y queroseno.

Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dependiente de Naciones Unidas, alertó en 2012 sobre la propagación en Argentina del consumo de drogas sintéticas y del aumento de la incautación de ácidos y disolventes, conocidos como precursores químicos.