El general de división César Milani, sospechoso de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina, se convirtió el miércoles en nuevo jefe del Ejército luego de que su ascenso fuera aprobado en el Senado con el aval del partido gobernante.

Milani, propuesto por la presidenta Cristina Fernández para conducir al Ejército, ha sido acusado por algunos organismos de derechos humanos de participar en la represión ilegal de disidentes y también en la desaparición de un soldado conscripto durante el régimen (1976-1983).

Aunque la justicia no ha determinado la responsabilidad de Milani en los hechos que se le imputan, su ascenso no deja de generar controversia pues el actual gobierno de Fernández, así como su antecesor y esposo Néstor Kirchner, promovieron la derogación de las leyes de amnistía que favorecían a los represores y dieron respaldo político a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La votación en el Senado resultó con 39 votos a favor del ascenso de Milani y 30 en contra. El bloque oficialista argumentó el "principio de presunción de inocencia", mientras desde la oposición calificaron su designación como "una mancha para la democracia".

"Significa un grave retroceso para los Derechos Humanos y la democracia", apuntó el senador socialista Rubén Giustiniani.

Dos organismos de derechos humanos muy cercanos a la presidenta han asumido posturas opuestas sobre Milani. La líder de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, respaldó su designación, mientras que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en varios juicios por crímenes de lesa humanidad, impugnó el pliego del general por considerar que las imputaciones en su contra "son contradictorias con fallos de la justicia que tienen autoridad de cosa juzgada y con la información pública disponible sobre aquellos años".

Milani han negado las acusaciones.