El presidente dominicano Danilo Medina anunció el miércoles que en los próximos días nombrará una comisión que retomará el diálogo bilateral con Haití, suspendido tras las críticas del gobierno haitiano al proyecto para anular la nacionalidad de los hijos de extranjeros sin permiso migratorio, en su mayoría haitianos.

"Pedimos tener observadores en las reuniones que se den entre las dos comisiones", detalló Medina en declaraciones a periodistas. Explicó que a los encuentros, cuya fecha aún no está definida, asistirán representantes de la Unión Europea, de Naciones Unidas y del gobierno de Venezuela, que ha fungido como mediador entre República Dominicana y Haití.

Con la mediación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Medina se reunió el martes con su similar haitiano Michel Martelly en Caracas al término de la cumbre Petrocaribe y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) a fin de anunciar la reanudación del diálogo.

Ambos países habían suscrito el 19 de noviembre, también en Caracas, un protocolo en el que acordaban una nueva reunión para hablar sobre los planes de República Dominicana a fin de regularizar a los descendientes de haitianos que perderán la nacionalidad dominicana.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, explicó el gobierno creará mediante una ley un "proceso especial de naturalización" para quienes pierdan la nacionalidad por ser hijos de inmigrantes sin permiso de residencia.

El gobierno de Medina anunció el 27 de noviembre la suspensión del diálogo luego de que Martelly participó en una reunión en la que los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) condenaron la desnacionalización que aplicará República Dominicana y pospusieron el ingreso de ese país al bloque caribeño.

Medina explicó el miércoles que en el encuentro celebrado la víspera en Caracas acordó con Martelly que las comisiones bilaterales no sólo discutirán asuntos de carácter migratorio, sino también problemas comerciales, de medio ambiente y pobreza.

Las relaciones entre ambos países que comparten la isla La Hispaniola se tensaron luego de que el tribunal constitucional dominicano ordenó en septiembre realizar un inventario de todos los descendientes de extranjeros nacidos en el país desde 1929 y emprender acciones judiciales para anular la nacionalidad de aquellos cuyos padres no tenían residencia legal.

Entre los afectados se encuentran miles de descendientes de inmigrantes haitianos que durante gran parte del Siglo XX fueron llevados a trabajar en los cañaverales dominicanos.

Según diversas organizaciones de derechos humanos, unas 250.000 personas nacidas en territorio dominicano, en su mayoría de ascendencia haitiana, podrían perder la nacionalidad. La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, insiste que la cifra será de 24.000 personas.