Relator pide fin aplicación ley contra indígenas

El relator especial de Naciones Unidas, Ben Emmerson recomendó el martes al Estado de Chile cesar inmediatamente la aplicación de una controversial ley antiterrorista a los indígenas que luchan por recuperar sus tierras ancestrales.

Además recomendó que se adopte con urgencia una Estrategia Nacional para solucionar el llamado conflicto mapuche, "dentro de un plazo definido y relativamente breve" y el fin de la impunidad frente a las acciones violentas de las policías contra comunidades mapuches.

También estimó indispensable que el Estado disponga de más recursos para acelerar la devolución de tierras, pues al actual ritmo el proceso demorará décadas, y el reconocimiento constitucional de los mapuches como pueblo.

En una rueda de prensa dijo que su visita oficial de dos semanas le brindó "oportunidad suficiente para llegar a ciertas conclusiones", tras entrevistarse con los más variados actores del problema.

Emmerson reiteró que la situación en las regiones de La Araucanía y del Bíobio, en el sur, donde se concentran las comunidades indígenas, "es volátil y probable de convertirse en un conflicto regional de gran envergadura, salvo que se tome acción urgente para abordar...las manifestaciones de la violencia" y sus causas.

Las mapuches son la mayor etnia chilena, con poco menos de un millón de personas, y son los habitantes originarios chilenos y los únicos que prolongaron por 300 años su resistencia a la conquista española, hasta que en el Estado chileno los venció con el uso de las armas de fuego.

Viven en unas 2.000 comunidades, de las cuales unas 200 se resisten a la política oficial de devolución de tierras y exigen con actos violentos, que incluyen quemas de vehículos, atentados incendiarios contra terratenientes, pero también contra pequeños agricultores, la devolución de los terrenos de sus tierras.

A mediados de enero un pequeño grupo, presuntamente mapuche, quemó una casa patronal con sus ancianos dueños adentro. El matrimonio Luchsinger-MacKay murió quemado vivo. Emmerson también demandó el respeto de los derechos de las víctimas de lo que denominó "violencia rural", su esclarecimiento y castigo, pero en virtud de la legislación penal.

La violencia recrudece todos los veranos, cuando los violentos allanamientos policiales son comunes, al punto que la justicia debió prohibirle a la policía uniformada el lanzamiento profuso de gases lacrimógenos en comunidades habitadas también por ancianos y niños.

Emmerson, que fue invitado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, afirmó que los fiscales "tienen a su disposición para investigar y castigar" legislación suficiente, sin necesidad de acudir a la ley antiterrorista, promulgada por la pasada dictadura militar de Augusto Pinochet, que con modificaciones, se sigue ocupando en la actualidad.

La ley antiterrorista chilena, criticada y condenada por organismos internacionales, considera la extensión de las detenciones previas hasta por dos años, la interferencia de las comunicaciones, el uso de testigos secretos y el severo aumento de condenas de delitos que también están considerados en la legislación penal.

"Debería cesar inmediatamente" su puesta en práctica, pues "se ha aplicado en forma desproporcionada" e implementada "sin una política coherente", concluyó el relator de nacionalidad británica.

Consultado por la aplicación de sus recomendaciones, recordó que el estado chileno tiene fama de colaboración con las Naciones Unidas y que "uno no va al médico, recibe una receta y la tira a la basura".