La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México advirtió sobre la proliferación de grupos armados de autodefensa en el sureste del país, ante la creciente violencia que las autoridades no han podido resolver y destacó que han comenzado a aparecer organizaciones similares en al menos otros 10 estados.

El organismo presentó el martes un reporte sobre los grupos de autodefensa en Guerrero, un estado del sur donde detectó la presencia de esos grupos en 46 de los 81 municipios en un hecho que consideró preocupante porque refleja un vacío de poder de las autoridades y porque su existencia es contraria a la ley.

El presidente de la Comisión, Raúl Plascencia, dijo en rueda de prensa que a fines de 2012 se comenzó a ver un aumento de autodefensas, grupos de habitantes de comunidades que se arman para enfrentar por sí mismos la situación de violencia que viven, y que inicialmente tuvieron el apoyo de las propias autoridades estatales que les otorgaron financiamiento, uniformes y hasta vehículos.

El reporte, realizado a partir de visitas a varias comunidades del estado, señaló que en Guerrero existen al menos seis grupos de autodefensa identificados que cuentan con alrededor de 7.000 integrantes en total.

Aunque el informe se centró en Guerrero, Plascencia dijo que han detectado la presencia de grupos comunitarios de defensa en otros 10 de los 31 estados del país: Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Estado de México y Chiapas.

Hasta ahora, sin embargo, los casos de Guerrero y Michoacán son los que han llamado la atención de las autoridades y la opinión pública debido a que en esos estados se han registrado enfrentamientos entre autodefensas y presuntos criminales, además de que han realizado detenciones.

En Guerrero, sin embargo, algunos de los grupos que la CNDH considera también autodefensas se autodenominan policías comunitarias, una figura aprobada por el estado que permite a los habitantes conformar ese tipo de fuerzas para apoyar a las autoridades en labores de seguridad.

Plascencia dijo, sin embargo, que algunos de esos grupos de policía comunitaria ya no actúan sólo como apoyo, sino que en lugares han asumido por completo la seguridad, algo que le compete tanto a municipios como al estado, algo que hacen los grupos de autodefensa.

"Cada grupo de autodefensa que surge y opera en determinado lugar... es una derrota para las autoridades al no ser capaces de imponer condiciones mínimas de seguridad", dijo Plascencia.

El informe refirió que la situación de violencia ha provocado el desplazamiento forzado de casi 2.200 personas por la situación de inseguridad.

Durante las visitas para elaborar el reporte, detalló Plascencia, habitantes relataron a personal de la comisión que los grupos de autodefensa surgieron en medio de una situación de violencia reflejada en secuestros, extorsiones y asesinatos.

Comentó que hubo personas que dijeron que criminales les pedían llevar a sus hijas a hoteles como pago de extorsiones y otros que señalaron que tras ir a denunciar llegaban a sus casas los mismos delincuentes para amenazarlos de muerte en caso de que continuaran el proceso.

El gobierno de Guerrero no ha emitido comentarios sobre el reporte.

Un caso que ha atraído la atención en las últimas semanas es el de Nestora Salgado, líder de un grupo que se asume como policía comunitaria en la comunidad de Olinalá, y quien fue detenida bajo cargos de secuestro.

Salgado, que es ciudadana estadounidense, y su familia consideran que su detención es un asunto político.

Plascencia informó que la CNDH prepara un reporte sobre el caso específico de Salgado, aunque dijo que el gobierno de Guerrero apoyó en un primer momento a su grupo, con lo cual se alentó la formación de esas agrupaciones.