Un juez federal estadounidense falló el lunes que la recolección masiva de registros telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) viola la prohibición constitucional de búsquedas sin fundamento, pero puso en suspenso su decisión final en espera de la casi segura apelación del gobierno.

El fallo, lleno de mordaces críticas a los argumentos del gobierno del presidente Barack Obama, es el primero de su tipo sobre el polémico programa de espionaje electrónico de la dependencia.

Aun si la recolección de "metadatos" pasa el tamiz de constitucionalidad, dijo el juez, existe poca evidencia de que haya evitado un ataque terrorista. El programa de espionaje fue revelado por el ex analista de sistemas de la NSA Edward Snowden, y desencadenó un acalorado debate nacional e internacional.

El juez federal de distrito Richard Leon concedió un interdicto preliminar contra la recolección de los registros telefónicos de dos hombres que impugnaron el programa, y dijo que cualquier archivo relacionado con ellos debía ser destruido. Pero mantuvo en suspenso la ejecución de esa decisión a la espera de una casi segura apelación del gobierno, que bien podría terminar ante la Corte Suprema.

El interdicto aplica solo a los dos demandantes, pero el fallo sin duda abrirá las puertas a impugnaciones de mayor alcance.

Los demandantes son Larry Klayman, un abogado de filiación conservadora, y Charles Strange, quien es padre de un técnico en criptografía que fue muerto en Afganistán cuando su helicóptero fue derribado en 2011. El hijo trabajó para la NSA.

Leon, nombrado para el puesto por el entonces presidente George W. Bush, dijo que los dos hombres muy probablemente podrán mostrar que sus intereses de privacidad son más importantes en el caso que el interés del gobierno en recolectar información. Leon dijo que eso significa que el programa de recolección masiva es una búsqueda injustificada como lo contempla la cuarta enmienda de la constitución.

"Tengo pocas dudas de que el autor de nuestra constitución, James Madison, quien nos previno de estar atentos 'a la pérdida de la libertad del pueblo por la gradual y silenciosa extralimitación de aquellos en el poder', estaría horrorizado", declaró.

Tras el fallo, Andrew C. Ames, portavoz de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que "hemos visto la opinión y la estamos estudiando. Creemos que el programa es constitucional como lo han declarado otros jueces. No tenemos más comentarios por el momento".

Snowden, en un comunicado enviado al reportero Glenn Greenwald y obtenido por The Associated Press, declaró: "Actué bajo mi creencia de que los programas de espionaje masivo de la NSA no pasarían una impugnación constitucional y de que el pueblo estadounidense merecía la oportunidad de ver que estos temas fueran sopesados por tribunales abiertos. Hoy, un programa secreto autorizado por una corte secreta, tras ser expuesto a la luz del día, fue apercibido como violatorio de los derechos de los estadounidenses. Es el primero de muchos".

El gobierno de Obama ha defendido el programa como una herramienta crucial en la lucha contra el terrorismo.

Pero en su opinión de 68 páginas, Leon concluyó que el gobierno no citó una sola instancia en la que el programa "realmente impidió un ataque terrorista inminente".

"Tengo serias dudas sobre la eficacia del programa de recolección de metadatos como forma de conducir investigaciones prontas de amenazas inminentes de terrorismo", agregó.

Dijo que iba a dejar en suspenso su decisión final "a la luz del interés significativo de seguridad nacional en juego en este caso y la novedad de los asuntos constitucionales".

El gobierno ha alegado que de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de 1979, en el caso Smith vs. Maryland, nadie tiene una expectativa de privacidad en los datos que las compañías telefónicas mantienen como archivos operativos. En ese fallo, el máximo tribunal rechazó la afirmación de que la policía necesita una orden judicial para tener acceso a esos archivos.

Pero Leon dijo que eso "dista mucho" del problema en este caso. La cuestión es "¿cuándo las circunstancias presentes son tan radicalmente diferentes a las consideradas por la Corte Suprema hace 34 años que un precedente como el del caso Smith simplemente no es válido? La respuesta, desafortunadamente para el gobierno, es ahora".

Leon agregó que "la tecnología cuasi orwelliana que permite al gobierno almacenar y analizar los metadatos de todo usuario de telefonía en Estados Unidos no es algo que pudieran haber concebido en 1979".

Además, dijo, el caso Smith involucraba un registro de unos cuantos días, en tanto que "hay una posibilidad muy real de que el programa (de la NSA) exista mientras Estados Unidos luche contra el terrorismo, lo cual, siendo realistas, podría ser para siempre".

El juez también se mofó de la afirmación del gobierno de que sería trabajoso cumplir con cualquier orden de la corte que requiriera que la NSA eliminara a los demandantes de su base de datos.

"El público no está interesado en ahorrarle al gobierno los problemas de cumplir con la constitución", escribió.

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Los periodistas de The Associated Press Mark Sherman, Pete Yost, Nedra Pickler y Kimberly Dozier en Washington, y Bradley Brooks en Brasil, contribuyeron a este despacho.

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