Tren accidentado en España excedía velocidad

El tren que descarriló la semana pasada en España circulaba a 153 kilómetros por hora, casi el doble de lo permitido, cuando se salió de la vía y el maquinista hablaba por teléfono en el momento del accidente, según el análisis preliminar de las "cajas negras" realizado el martes.

El juzgado que investiga una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España, con 79 muertos y decenas de heridos, reveló los primeros datos contenidos en las cajas, similares a las de los aviones, que registran la velocidad del ferrocarril durante el viaje y las comunicaciones entre el maquinista y la sala de control.

Según el dispositivo, el tren circulaba a 192 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 en los segundos previos al descarrilamiento. Al mismo tiempo, el conductor hablaba por teléfono con un controlador de la compañía estatal de ferrocarriles Renfe, mientras consultaba un plano o algún documento similar en papel, informó el tribunal en un comunicado.

Poco antes del siniestro, se activó un freno, que según los investigadores fue activado manualmente por el propio maquinista y no saltó de alguno de los sistemas de seguridad que llevan incorporados este tipo de vehículos. En cualquier caso, el frenazo no fue suficiente para evitar la catástrofe y el convoy volcó violentamente a 153 kilómetros por hora en la curva de entrada a la ciudad gallega de Santiago de Compostela, al noroeste del país.

El conductor Francisco José Garzón Amo, quien salvó su vida, se encuentra en libertad provisional acusado de múltiples cargos de homicidio por imprudencia. Según la prensa local, el propio Garzón Amo admitió en su declaración ante el juez que se había despistado y que circulaba al doble de la velocidad permitida en ese tramo.

La información extraída de las "cajas negras" apunta a un posible error humano como causa de la tragedia, ya que no menciona fallas técnicas o mecánicas ni la existencia de cuerpos extraños en la vía, aunque la justicia especificó que todavía debe elaborarse un informe más exhaustivo.

El juez ordenó realizar una copia de seguridad de las cajas para salvaguardar la información.

Además, se autorizó a técnicos del Ministerio de Fomento realizar mediciones de las ruedas de los vagones, actualmente custodiados por la policía, para la elaborar su informe independiente de carácter técnico y no judicial sobre el accidente.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y los responsables de Renfe comparecerán próximamente en el Parlamento a petición propia para explicar su visión sobre lo sucedido y la eficacia de las medidas de seguridad en la extensa red de ferrocarriles española.

Por otro lado, el ex juez español Baltasar Garzón anunció el martes que asesorará legalmente a los familiares de la funcionaria dominicana Rosalina Ynoa, una de las 79 víctimas del tren siniestrado.

Garzón dijo en un comunicado que "se exigirán aquellas responsabilidades penales y civiles oportunas para garantizar los derechos de la víctima y de República Dominicana". Casada y madre de cuatro hijos, Ynoa era directora de la Unidad de Análisis y Coordinación de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de Dominicana.

La compañía Allianz Seguros, aseguradora de Renfe, informó esta semana que se indemnizará con 60.000 euros (79.520 dólares) a los familiares de cada una de las 79 víctimas mortales. Mientras que el pago a los heridos oscilará entre los 1.500 y los 70.000 euros (1.988-92.775 dólares), según la gravedad de las lesiones.

Estas indemnizaciones son independientes de las que pueda fijar un juez por la responsabilidad civil derivada del siniestro.