El gobierno catalán anunció el jueves que el referendo para separar la región del resto de España tendrá dos preguntas y se celebrará el 9 de noviembre de 2014.

Pero el presidente Mariano Rajoy garantizó que no autorizará ni permitirá dicha consulta y cerró la puerta a cualquier negociación.

El referendo tendrá dos preguntas en lugar de una, como ha ocurrido en plebiscitos de este tipo en la provincia canadiense de Quebec y el que tendrá lugar en Escocia el 18 de septiembre del próximo año.

La primera pregunta será: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?". La respuesta afirmativa llevará a una segunda interrogante: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente?".

La fórmula elegida, ambigua en su primera parte, favorece a sectores nacionalistas que prefieren una Cataluña con arquitectura de Estado pero libre asociada a España y no independiente. Un ejemplo similar al caso de Puerto Rico con Estados Unidos.

Además, la Unión Europea ya advirtió que la independencia de esta región del nordeste español supondría su expulsión automática del bloque y del euro.

En una declaración institucional, el presidente catalán, Artur Mas, dijo que la fecha del 9 de noviembre se eligió para agotar las vías de negociación sobre "la forma de hacer esta consulta de acuerdo con los marcos legales existentes".

Las leyes reservan al gobierno nacional la convocatoria de referendos sobre la organización del Estado, que además deben votar todos los españoles. En un tono contundente, Rajoy dijo el jueves que no hay diálogo posible sobre una iniciativa ilegal y aseguró que la votación no se celebrará.

Sin embargo, rehusó especificar los mecanismos legales qué utilizará para frenarla llegado el caso, al considerar que de momento se trata sólo de una hipótesis.

"Esa consulta no se va a celebrar", dijo Rajoy en rueda de prensa. "El gobierno que presido no puede ni autorizar ni negociar sobre algo que es propiedad de todos los españoles".

"La soberanía del pueblo español no es negociable", añadió.

La convocatoria es un paso más en el desafío de Cataluña que comenzó en 2012 con una multitudinaria manifestación independentista en Barcelona. Las autoridades catalanas decidieron explorar la vía de la separación, lo que encendió una de las mayores crisis territoriales de España, que además convive con una profunda crisis económica.

Cataluña, con 7,5 millones de habitantes y un idioma propio -el catalán-, es la primera economía del país y supone casi 20% del Producto Interno Bruto de España. Pero actualmente sufre una grave crisis de deuda y sus finanzas se sustentan gracias a un rescate económico de Madrid que sumó 12.580 millones de euros (16.605 millones de dólares) entre 2012 y 2013.

Los gobernantes catalanes sostienen que la región se ha empobrecido porque aporta mucho al Estado y recibe poco a cambio. Cataluña, como parte de las 17 comunidades autónomas en que se divide administrativamente España, goza de un amplio autogobierno pero no controla algunas áreas de gobierno claves, como las relativas a defensa, asuntos exteriores y recaudación impositiva.

La oposición socialista, que también rechaza el referendo catalán, ha sugerido un cambio en la constitución de 1978 para apaciguar a los independentistas, no sólo en Cataluña sino también en otras regiones como el País Vasco. Rajoy se opone por falta de consenso y porque considera que ese sector jamás se dará por satisfecho aunque se introduzcan modificaciones.

En 2005 el gobierno vasco presentó un plan para celebrar un referendo de autodeterminación y constituirse como Estado libre asociado a España. Pero la propuesta fue ampliamente rechazada en el Parlamento español y nunca llegó a producirse la citada consulta.

Las encuestas evidencian que la mayoría de catalanes está a favor de profundizar su autogobierno y definir mejor su encaje en el resto del país. El centro de estudios sociológicos del gobierno de Cataluña sitúa el apoyo a la independencia ligeramente por encima del 50%.