Los abogados de un ciudadano mexicano cuya ejecución está programada para el próximo mes en Texas por matar un policía de Houston solicitaron el miércoles a la junta de libertad condicional del estado que recomiende detener su castigo debido a que al procesado no se le informó que podía obtener asesoría legal del gobierno mexicano de conformidad con un tratado internacional.

La ejecución de Edgar Tamayo, de 46 años, está agendada para el 22 de enero con una inyección letal por el asesinato a balazos en enero de 1994 de Guy Gaddis, de 24 años. El agente había arrestado a Tamayo momentos antes por robo.

Los abogados de Tamayo dijeron a la Junta de Absoluciones y Libertad Condicional de Texas que las autoridades estatales no han cumplido las promesas de revisar los derechos consulares de detenidos como su cliente.

"En lugar de ello, Texas se ha opuesto cotidianamente a tales revisiones", dijeron los abogados Sandra Babcock, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad del Noroeste, y Maurie Levin en su petición de 29 páginas. "Como resultado, ninguna corte ni siquiera ha considerado si el señor Tamayo fue perjudicado debido a que Texas no le comunicó su derecho a ponerse en contacto con el consulado mexicano en el momento del arresto".

La junta integrada por siete miembros puede recomendar al gobernador Rick Perry conmutar la sentencia de Tamayo u otorgar un indulto para detener al menos temporalmente la ejecución.

No son nuevas las impugnaciones contra los administradores de la pena capital en Texas relacionadas con la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y ciudadanos extranjeros. Al menos otros dos reos de Texas en circunstancias similares han sido ejecutados en años recientes.

Los abogados de Tamayo, sin embargo, argumentaron que su reclamo era "tanto muy diferente como mucho más meritorio que los presentados antes que él" e instaron a la junta a "actuar para asegurar que Texas no precipite un fiasco de política exterior".

Sostuvieron que la asistencia del consulado mexicano hubiera ayudado a los abogados de Tamayo en el juicio obtener evidencia mitigante de México para persuadir a los jurados del condado Harris a decidir sobre un castigo diferente a la pena de muerte. Tamayo tenía incapacidad mental, sufría daño cerebral y hablaba poco inglés en el momento de su arresto, señalaron.

La petición fue acompañada de una carta fechada en septiembre del secretario de Estado John Kerry en la que solicita al procurador general de Texas Greg Abbott posponer la ejecución de Tamayo. Kerry recibió una carta similar en agosto enviada por el embajador mexicano Eduardo Medina Mora.

Roe Wilson, una vicefiscal de distrito del condado de Harris, dijo que los tribunales han otorgado a Tamayo tofos los derechos que recibiría un ciudadano estadounidense.

"Tamayo nunca rebatió diciendo que no lo hizo (el homicidio)", afirmó Wilson el miércoles.

Tamayo había sido dejado en libertad condicional por una condena de robo en California cuando fue arrestado el 31 de enero de 1994, después de un robo afuera de un bar de Houston. Estando esposado dentro de la patrulla de Gaddis, pudo sacar una pistola oculta en sus pantalones y matar a balazos al agente. Tamayo huyó, pero fue atrapado a unas cuadras de distancia, aún esposado.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, falló que Tamayo y más de cuatro decenas de mexicanos en espera de ser ejecutados en Estados Unidos no fueron informados sobre sus derechos consulares amparados por la Convención de Viena cuando fueron arrestados. La corte pidió la realización de audiencias nuevas en los casos donde esas personas fueron declaradas culpables para determinar si el acceso consular hubiera afectado sus casos.

Un año después, el entonces presidente George W. Bush estuvo de acuerdo con la corte internacional e instó a que se realizaran las nuevas audiencias. La Corte Suprema de Estados Unidos, empero, denegó la solicitud de Bush y sobreseyó la decisión de la corte internacional en una apelación presentada por el reo mexicano condenado a muerte José Medellín. Por mayoría, los magistrados del máximo tribunal de la nación determinaron que sólo el Congreso podría ordenar a los estados acatar el fallo del tribunal internacional.

Nunca se ha implementado legislación para ese fin.

Medellín fue ejecutado en 2008.