Abogados del ex gobernador Tomás Yarrington presentaron ante la Procuraduría una denuncia en contra de servidores públicos y diplomáticos que acusaron al funcionario de delincuencia organizada y lavado de dinero, informó el miércoles el abogado defensor Marco Tulio Ruiz.

Ruiz dijo a reporteros que agentes del ministerio público y servidores del Servicio Exterior Mexicano se confabularon contra Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, al realizar declaraciones de manera ilegal fuera de sus jurisdicciones.

Informó que su denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República en la que se plantea que hubo un "delito de coalición de servidores públicos".

También, acusó a la ex procuradora General de la República, Marisela Morales, de estar involucrada en las inconsistencias.

"Se realizaron diligencias por parte de estos servidores públicos, a todas luces ilegales, esas diligencias, esas irregularidades, son las que venimos a hacer del conocimiento del señor Procurador General de la República", dijo Ruiz, según declaraciones enviadas por el despacho del abogado. Ruiz no pudo ser contactado por The Associated Press.

El abogado defensor especificó que agentes del ministerio público actuaron tanto como fiscales como testigos en los trámites. Especificó que le parecía inconsistente un caso en el que cónsules de las ciudades de San Antonio y Washington en Estados Unidos practicaron la misma diligencia empezando una declaración en una ciudad y continuando dos horas después en Washington, siendo que a las ciudades las separa una distancia mayor

Fiscales federales de Texas anunciaron la semana pasada que formularon cargos contra Yarrington por presuntamente aceptar sobornos de un cártel de las drogas y participar en el narcotráfico.

Yarrington, de 56 años, fue gobernador de Tamaulipas, limítrofe con Estados Unidos, de 1999 a 2004 y fungió como legislador federal por el oficialista Partido Revolucionario Institucional.

Los fiscales afirman que Yarrington recibió millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo desde 1998 a cambio de permitir a los contrabandistas traer grandes cantidades de cocaína al estado mexicano antes de introducirla a Estados Unidos. De acuerdo con el expediente, los supuestos pagos comenzaron cuando Yarrington era candidato a gobernador de Tamaulipas y continuaron hasta el final de su mandato en diciembre de 2004.