La Cámara de Diputados aprobó de manera preliminar la mayor reforma energética en décadas, que contempla abrir la industria petrolera de México a la iniciativa privada nacional y extranjera, en una jornada que se ha extendido por más de 13 horas.

El miércoles por la noche los diputados avalaron por 354 votos a favor contra 134 los aspectos generales del proyecto de ley en medio de consignas de legisladores izquierdistas.

Aunque cuenta con el apoyo de dos de los tres principales partidos y más de las dos terceras partes de la Cámara, los legisladores han presentado cientos de objeciones a todos los artículos que la iniciativa planea modificar, lo que extendería el debate hasta el jueves.

La propuesta fue presentada en la cámara baja a sólo horas de ser aprobada por el Senado y luego de un intento de izquierdistas por impedir el debate.

La sesión de los legisladores comenzó en un edificio alterno dentro del complejo que alberga la cámara baja porque un grupo de diputados de izquierda entró al recinto principal y bloqueó los accesos, incluso con cadenas, para impedir el debate del proyecto, que consideran privatizador. Los diputados aprobaron discutir la reforma directamente en el pleno, sin pasar antes por comisiones, como pedían los izquierdistas.

La jornada en la Cámara de Diputados ha estado marcada por reclamos y gritos, hasta sollozos e incluso un semidesnudo.

"Me duele México, me duele demasiado", dijo la diputada Karen Quiroga, del PRD, entre sollozos.

Uno de sus compañeros de partido, Antonio García Conejo, subió a la tribuna y comenzó a quitarse la ropa hasta quedar en calzoncillos como una manera de protestar una reforma que, dijo, es un "despojo a la nación"

Previamente, en una sesión de más de 23 horas, el Senado aprobó el miércoles por la mañana la reforma que termina con el monopolio estatal en la industria petrolera.

El proyecto modifica la Constitución y permite al gobierno otorgar contratos y licencias para la exploración y producción a empresas multinacionales, algo expresamente prohibido hasta ahora y que muchos mexicanos consideran tabú.

La izquierda, que ha promovido protestas diarias en calles de la capital y frente al Congreso, ha dicho también que antes de discutirse en las cámaras la reforma debe someterse a una consulta popular, algo que los promotores de la iniciativa no consideraron necesario.

La energética es la principal pieza de una serie de reformas promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno en sectores como la educación, el sistema fiscal y las telecomunicaciones.

Sin embargo, la reforma aprobada va más allá de la que originalmente propuso el mandatario, al establecer mayores modalidades en las que la iniciativa privada puede participar en la industria petrolera.

La iniciativa original del gobierno sólo consideraba contratos para compartir ganancias.

En caso que la Cámara de Diputados la apruebe, la reforma aún debe recibir el aval de 17 de los 31 estados por tratarse de modificaciones constitucionales.

"Esta reforma permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años", señaló un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del presidente Peña Nieto tras la aprobación en la cámara alta.

La reforma contempla contratos para compartir ganancias y producción, además de licencias mediante las cuales las empresas pagarán derechos e impuestos al gobierno por el derecho de explorar y extraer crudo.

La industria petrolera fue nacionalizada en 1938 y desde entonces es para muchos mexicanos un símbolo de soberanía.

La reforma plantea que Pemex sea un competidor, aunque con ciertas preferencias, como ser la primera empresa en elegir los campos en que participará.

La propuesta permite reportar a las empresas privadas, para efectos contables y financieros, la asignación o contrato correspondiente y los beneficios esperados, "siempre y cuando afirme que el petróleo y sus derivados, sólidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación".

Las concesiones, uno de los mecanismos considerados más liberales para las compañías privadas, continuarán prohibidas en el país.

Los contratos se celebrarían directamente con el Estado en lugar de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que será un competidor más.

Un ajuste a última hora durante la discusión en el pleno del Senado fue eliminar la participación del poderoso sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, con lo cual se reduce el poder de un organismo que ha sido criticado por su opacidad.

La industria petrolera mexicana ha enfrentado diversos problemas en materia de producción con la baja de las reservas de crudo en los yacimientos de más fácil acceso.

La producción de crudo en México tuvo en 2004 su mayor nivel, con un promedio de aproximadamente 3,4 millones de barriles diarios. A partir de 2005 comenzó a descender y actualmente se ubica en unos 2,5 millones de barriles diarios.

"Sin duda es un avance histórico que nuestro país rompa con un marcado discurso antiempresarial que por años le había impedido a la iniciativa privada colaborar en el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos", señaló en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana.

"Más allá de ideologías o dogmas la realidad es una: somos una excepción en el mundo y por ello hemos perdido terreno", añadió el principal organismo patronal.

La reforma establece también la creación del llamado Fondo Mexicano del Petróleo, administrado por un fideicomiso encabezado por el Banco Central y que manejará la riqueza generada por la renta petrolera.