El gobierno argentino afirmó el miércoles que ha vuelto la normalidad a las provincias afectadas por las huelgas de policías y los saqueos a comercios, pese a que medios de prensa reportan protestas en algunas ciudades.

"Se han resuelto todos los conflictos que estaban siendo procesados en cada provincia, según surge de la comunicación telefónica con todos los gobernadores. La situación está encauzada y resuelta, si se producen otros hechos tendremos que evaluarlo", dijo en una rueda de prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Poco después de estas declaraciones, la prensa reportó que policías de la ciudad de Salta, 1.620 kilómetros al norte de Buenos Aires, no prestaban servicios en reclamo de mejores sueldos. Los vecinos cerraron sus negocios por miedo a posibles saqueos y la Gendarmería (policía de fronteras) se desplegó en algunas zonas.

En tanto, en la madrugada del miércoles fueron asaltados varios comercios de la ciudad de Santa Rosa, 620 kilómetros al oeste de Buenos Aires, y de la de Corrientes, 1.000 kilómetros al norte, cuando la policía ya estaba en funciones, informaron medios de comunicación. Varios asaltantes fueron detenidos.

Los paros de policías en reclamo de aumentos salariales se extendieron en la última semana a una veintena de provincias del país, causando violentos saqueos de comercios y viviendas por parte de bandas que irrumpieron en los locales para robar en motocicletas o automóviles tras los cual se sumaron al pillaje decenas de vecinos.

Los dueños de los negocios se pertrecharon para repeler a los asaltantes a tiros. Los desmanes causaron entre 10 y 12 muertos y varias decenas de heridos, de los cuales Capitanich responsabilizó a la propia fuerza de seguridad.

En San Miguel de Tucumán, 1.310 kilómetros al norte de la capital, el martes por la noche se produjeron incidentes entre policías y ciudadanos que protestaban contra la huelga policial. Los efectivos de Gendarmería tuvieron que intervenir para defender a los vecinos.

Los uniformados de la provincia de Tucumán lograron un aumento, lo mismo que los de Santa Fe, en el noreste argentino, en donde la conflictividad era más patente. Previamente habían conseguido mejoras salariales los policías de otros distritos hasta llegar a sueldos básicos de más de 8.000 pesos (unos 1.290 dólares).

En tanto, en la ciudad de Mendoza, a 1.100 kilómetros al oeste de la capital, seguían las negociaciones salariales entre las autoridades y los policías. En los distritos sureños de Chubut y Tierra del Fuego también continúan los reclamos policiales pero no se reportaron saqueos.

Capitanich dijo que los paros de los uniformados y los saqueos son acciones "premeditadas" para "atacar el sistema democrático" y que buscaban la cancelación la víspera de un acto en Buenos Aires para celebrar 30 años de democracia ininterrumpida después de siete años de dictadura militar.

El funcionario justificó la decisión de la presidenta Cristina Fernández de no suspender la celebración, tal como pedían opositores que señalaron que ésta no era pertinente. En su discurso en el acto conmemorativo, Fernández apuntó a sectores políticos que no identificó de querer un desgaste de la democracia.

En el "modus operandi" de los saqueos, "la oficialidad tuvo connivencia con los subalternos" y hubo grupos de asaltantes "organizados", dijo Capitanich. Señaló que en los incidentes se conjugaron "la protesta salarial, asociada a zonas liberadas y la articulación con grupos de saqueos, para generar miedo".

La Confederación Argentina de la Empresa dijo que 1.888 comercios en 14 de las 24 provincias resultaron afectados por los saqueos y estimaron pérdidas por 90 millones de dólares.

Opositores criticaron que el gobierno apele a teorías conspirativas para explicar los disturbios.

El ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003), del peronismo disidente, afirmó que los incidentes "nunca pueden desestabilizar" al gobierno y el diputado Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, pidió a las autoridades "que si saben quiénes son (los responsables), lo digan".

La inflación está en torno del 25% anual, según estimaciones privadas, y eso conlleva la negociación periódica de incrementos de sueldo en todos los sectores. Los policías dicen que, al tener prohibido sindicalizarse, la única forma de que las autoridades atiendan sus reclamos es acuartelarse.

Pablo Micheli, de la Central de Trabajadores Argentinos, dijo que "la presidenta debe llamar urgente a una mesa de diálogo" a todos los sectores para discutir la implementación de un salario mínimo de unos 1.290 dólares y la sindicalización de las fuerzas de seguridad, entre otras medidas.