El alcalde de Bogotá Gustavo Petro, cuya destitución del cargo está pendiente de ser ratificada, arengó el martes por segunda noche consecutiva a miles de personas, a las que advirtió que si él sale de sus funciones, la capital colombiana podría caer en una crisis de gobernabilidad y perder una década en sus proyectos de desarrollo.

Desde un balcón de la alcaldía, ubicada frente a la céntrica Plaza de Bolívar, Petro, un exguerrillero y exsenador de 53 años, dijo además que para el miércoles está previsto que lleguen a la ciudad otros sectores que lo apoyan --como comunidades indígenas-- que se sumarían a grupos estudiantiles, de campesinos y otros que rechazan su salida del gobierno local.

"Es indudable que la ciudad de Bogotá, si se aplica la sentencia del Procurador, entra en una crisis de gobernabilidad", dijo Petro en la plaza, e indicó que si abandonaba la alcaldía primero asumiría un funcionario de forma interina y luego otro que sería elegido en nuevos comicios para terminar su mandato hasta el 2016, y que en esos dos años ninguno de los dos podría "comprender a la perfección o cercanamente qué es la administración de Bogotá", y por tanto, se perdería tiempo en solucionar los problema de esta capital y "Bogotá habría perdido una década de su historia".

Pero además, dijo Petro, en caso de su salida del cargo "el temor que tengo es que 20 años después de esos hechos (de violencia guerrilla y dictaduras en algunos países de América Latina)... otra vez un mensaje de violencia como el que recibí (al ser destituido del cargo) vuelva a afectar el corazón, la mente y las ideas de los jóvenes de hoy".

Petro incluso dijo que su salida era provocada por el temor de algunos sectores sociales de que si se quedaba dos años más y culminaba su mandato, podría eventualmente "llegar a gobernar a Colombia".

Bogotá, de ocho millones de habitantes, cayó en un estado de crispación tras el fallo del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien la víspera destituyó al alcalde y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años tras considerar que violó las leyes al intentar cambiar por decreto el sistema de recolección de basura de la capital colombiana en diciembre de 2012, lo que generó por tres días un caos en las calles, llenas de bolsas de desperdicios.

La decisión de la Procuraduría puede ser apelada por el alcalde ante el mismo despacho de Ordóñez, considerado un conservador, y que ha impuesto sanciones similares a decenas de alcaldes, gobernadores y ex ministros desde que asumió el cargo en 2008, irónicamente con el voto de Petro, entonces senador. Ordóñez fue reelegido por otros cuatro años y tomó posesión en enero.

Por las normas colombianas, una vez Petro apele el fallo, la Procuraduría tendría dos meses para decidir si mantiene la decisión, la revoca o la modifica. Si decide mantener la destitución, entonces deberá llamarse a nuevas elecciones. Petro ganó los comicios en octubre de 2011 por 700.000 votos y asumió la alcaldía el 1 de enero de 2012 por cuatro años.

Petro ha dicho que se mantiene en el cargo hasta tanto sea ratificado el dictamen.

"La decisión aún no está en firme, o sea, lo que señaló el alcalde ayer (lunes), que él sigue siendo el alcalde, es cierto", dijo a la radio Caracol el ministro del Interior Aurelio Iragorri, al explicar que en cuanto ese dictamen sea ratificado, comenzará a correr un plazo de 55 días para llamar a elecciones para un nuevo alcalde.

A pesar de que aún ese fallo no ha sido ratificado, ya comenzaron los debates sobre quién podría ser el sucesor de Petro.

El ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, que gobernó la ciudad en dos ocasiones (1995-1997 y 2001-2004), dijo en diálogo telefónico que aunque su disposición sería ir a la elección, está impedido legalmente porque su esposa es la veedora distrital, cuya función es promover buenas prácticas administrativas y prevenir la corrupción.

A su turno el senador Juan Carlos Vélez, uno de los voceros del movimiento político del ex mandatario Alvaro Uribe (2002-2010), indicó telefónicamente que consideran como un buen candidato a la alcaldía al exvicepresidente de Uribe, Francisco Santos. Poco más tarde, en su cuenta de Twitter, el mismo Santos pidió no lanzar "candidaturas prematuras" y sostuvo que los "bogotanos necesitamos serenidad para mirar nuestro futuro con tranquilidad".

En un comunicado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, dijeron que la decisión de la Procuraduría era un "grave golpe contra el proceso de paz... que afecta la confianza y la credibilidad" en los diálogos porque "existen nulas garantías para ejercer" la política en caso de que abandonen las armas, como hizo Petro.

Petro tiene que acatar el fallo "porque es parte de las reglas de juego. Esa misma institucionalidad también fue la que le confirió el rango de alcalde y todos aceptaron y respetaron eso", dijo en diálogo telefónico con la AP el doctor en ciencias políticas y columnista Pedro Medellín. "Tiene que acatarlo porque así a uno no le gusten las decisiones, son decisiones que hay que respetar", añadió.

Para "Bogotá viene una labor fuerte, va a haber una campaña política dura para la alcaldía, no va a ser fácil de ninguna manera y va a estar marcada por una tensión muy fuerte", indicó Medellín.