La Corte de Constitucionalidad de Guatemala sentó un precedente legal al avalar, por primera vez en su historia, que los resultados de una consulta comunitaria sobre la construcción de proyectos de minería sea de cumplimiento obligatorio para una municipalidad.

La instalación de proyectos mineros ha sido eje de uno de los conflictos sociales más graves en Guatemala y ha provocado muertos, heridos, pérdidas materiales e incluso estados de sitio en algunas poblaciones al este del país.

La resolución de la Corte se refiere a la consulta comunitaria en el municipio de La Villa de Mataquescuintla del departamento de Jalapa, al este de la capital guatemalteca, realizada el 11 de noviembre de 2012 en la cual más de 10.000 personas se opusieron a la instalación de proyectos mineros contra unas 100 estuvieron a favor

Una persona particular presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra el acta y reglamento del consejo municipal de Mataquescuintla, que autorizó y reguló la consulta comunitaria, aduciendo que es el Estado general el que debe legislar sobre el tema y no una municipalidad particular, lo cual le fue negado por la Corte de Constitucionalidad al considerar que la municipalidad no violó ninguna ley al organizar la consulta.

En su argumento la Corte se basó en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales de países independientes, aduciendo que "es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados pero es necesario reforzar el procedimiento adecuado (para las consultas)" pues la vinculación no se da hacia la regulación del Estado, quién es quién otorga las licencias de exploración y explotación, sino al ámbito de competencia de la municipalidad quién otorga licencias de construcción de los proyectos.

Rafael Maldonado, abogado de Centro Legal y Ambiental Calas, explicó el alcance de la resolución: "La municipalidad es la que tiene que hacer valer los resultados de las consultas en el marco de su competencia. Por ejemplo, la municipalidad es quien otorga la licencia de construcción de un proyecto minero, no la licencia para funcionar, es quien ordena el urbanismo de su comunidad y otorga permisos en ese ámbito a las empresas; ahora deberá tomar en cuenta lo dicho por la población para otorgar los permisos correspondientes".

En el área de Mataquescuintla hay otorgadas al menos cuatro licencias de proyectos mineros que aún no funcionan. En el vecino municipio de San Rafael, del departamento de Santa Rosa, funciona la Mina San Rafael propiedad de la canadiense Tahoe Resources que ya realiza actividades. Según los pobladores los túneles de dicha mina alcanzan al municipio vecino, pues su licencia de explotación abarca al menos 19 kilómetros cuadrados.

Andrés Dávila, vocero de la Mina San Rafael, dijo que los abogados de la mina analizan la resolución de la Corte.

Al final del fallo constitucional la Corte también avala que los resultados de las consultas sean remitidos a las autoridades -desde el presidente hasta los ministros de Energía y Minas y de Ambiente- encargadas de otorgar las licencias mineras, para que en base a estos y para garantizar la paz social "sean indicativos al momento de emitir resoluciones (licencias)".

"Las consultas populares son mecanismos importantes por medio de los cuales se garantizan derechos fundamentales y son la clara expresión de un régimen democrático y los vecinos de los municipios tienen el derecho de expresarse con relación al uso, goce y disfrutes de los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio de su municipio", dijo la Corte al exhortar al Estado y al Congreso a que garanticen la participación efectiva de los vecinos en estos procesos.

Mario Orellana presidente de la gremial de Industrias Mineras, dijo a The Associated Press que la decisión de la Corte no cambia en nada la situación actual que tienen las empresas mineras.

Orellana restó importancia a la sentencia y dijo que "la Corte ya había resuelto en el sentido de respetar las consultas, pero que estas no son vinculantes. La resolución básica de la Corte es que las municipalidades tienen derecho a consultar cosas o temas, pero no es obligatorio de la municipalidad tomarlo en cuenta, solo es una opinión lo que resulte de la consulta". Agregó que las consultas comunitarias han resultado negativas a la instalación de proyectos mineros debido a la poca información a las comunidades sobre los proyectos por diversas causas, entre ellas la violencia.

Los departamentos de Jalapa y Santa Rosa al este del país fueron militarizados en mayo, y el presidente Otto Pérez Molina envió soldados y policías al lugar y suspendió derechos constitucionales bajo un estado de sitio, en respuesta a manifestaciones y disturbios de comunitarios en contra de la operación en la zona de la mina San Rafael.

Tras los conflictos sociales generados en las comunidades, Pérez Molina anunció en julio una moratoria por dos años para no otorgar más licencias de exploración y explotación de proyectos mineros de metales en todos le país.

Según el Ministerio de Energía y Minas, al 1 de octubre de 2013 se tiene registrados el otorgamiento de 75 licencias de exploración de metales y 33 de explotación, también existen 350 solicitudes en trámite para reconocimiento, exploración y explotación de mineras de metales.