Argentina: Extreman medidas contra represores

Los represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que se encuentren internados o bajo tratamiento médico en hospitales de las Fuerzas Armadas serán sometidos a un exhaustivo control para verificar su estado de salud como consecuencia de la fuga de dos ex militares la semana pasada desde un centro médico.

Con ese fin, el gobierno creó el lunes una comisión médica asesora que tras evaluar la salud de los prisioneros determinará si éstos deben continuar internados en hospitales militares o en cambio pueden trasladarlos a centros médicos civiles.

La presidenta Cristina Fernández ordenó el viernes que ningún condenado por crímenes de lesa humanidad reciba atención médica en hospitales o centros de salud dependientes de las Fuerzas Armadas. La medida fue dispuesta luego de la fuga de dos represores desde el Hospital Militar Central de Buenos Aires, al que habían sido trasladados para someterse a distintos tratamientos.

El gobierno sospecha que personal médico de ese establecimiento estuvo involucrado en la fuga de los ex militares Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, quienes cumplían penas de 25 años de prisión y cadena perpetua, respectivamente, en una cárcel federal de la provincia de San Juan, 1.265 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Ambos fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983.

El objetivo del gobierno es que los represores detenidos con o sin condena sean asistidos en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, suburbio al suroeste de Buenos Aires.

"Esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio. La presidenta siempre reitera que el Servicio Penitenciario Federal debe garantizar todos los derechos humanos, pero que también no deben existir privilegios", sostuvo el ministro de Justicia, Julio Alak.

El gobierno, además, quiere evitar que sean sólo los jueces los que decidan sobre la salud de los represores, tal como sucedió con De Marchi y Olivera. Para Alak, los tratamientos a los que debían someterse ambos condenados no ameritaban su traslado a Buenos Aires pese a lo cual un juez federal de San Juan dio la autorización.

Según cifras del Ministerio Público Fiscal, hasta julio de este año 426 represores fueron condenados por delitos cometidos durante la dictadura. En tanto que de un total de 853 procesados que están privados de su libertad a la espera de juicio, el 0,23 por ciento está alojado en hospitales.