Autoridades estadounidenses de educación no buscarán un proceso judicial por posibles violaciones a los derechos civiles contra estudiantes que se vieron involucrados en la manipulación de exámenes en escuelas públicas de El Paso, aunque es probable que el distrito no quede totalmente exento de falta.

Otro funcionario del Departamento de Educación dijo el sábado que la agencia puede abrir un periodo de 180 días con ese propósito, informó el diario El Paso Times (bit.ly/IZTLbN).

Una inspección determinó que hubo estudiantes en la División de Escuelas de Prioridad de El Paso, en particular mexicanos en la escuela secundaria, que fueron incluidos en un complot de manipulación de exámenes. Algunos fueron mantenidos indebidamente en el 9no grado para que no realizaran las pruebas estandarizadas del 10mo año usadas para control federal. Otros inexplicablemente fueron promocionados del 9no al 11mo año con el mismo propósito, según el informe, mientras que otros fueron expulsados de la escuela.

El legislador demócrata por El Paso, Beto O'Rourke recibió información esta semana del Departamento de Educación que las normas de la agencia señalan que se prohíban las investigaciones sobe acusaciones que tengan más de 180 días.

O'Rourke ha presionado para que el Departamento de Educación entregue un informe actualizado con base en una auditoría hecha en el verano donde se revelaba que se había urdido un complot para manipular las notas de estudiantes mexicanos y las pruebas estandarizadas que ordenan las autoridades federales. El legislador envió el viernes otra carta al departamento, pidiendo una aclaración.

"El punto más más urgente de todo este escándalo es tratar de hacerles justicia a estos chicos a quienes se les ha negado el derecho a una educación", dijo O'Rourke al diario.

El Distrito Escolar Independiente de El Paso es uno de por lo menos tres donde se ha detectado manipulación de las pruebas. El ex superintendente escolar de El Paso, Lorenzo García, se declaró culpable de fraude con relación al complot y cumple una condena de tres años de prisión.

El resultado de una investigación dada conocer a mediados de año encontró que se había hecho trampa en general desde el 2007 hasta el 2010 en el distrito de El Paso.

Dos secretarias adjuntas de educación, enviaron una carta al congresista esta semana, señalando que las violaciones de derechos civiles con respecto a las trampas cometidas en el distrito son demasiado antiguas para que se consideren como quejas de derechos civiles.

"Las regulaciones (de la Oficina de Derechos Civiles) requieren que las quejas sean presentadas dentro los 180 días siguientes a los actos de discriminación cometidos --los incidentes del caso ocurrieron entre los años escolares del 2007-08 y 2008-09, con ramificaciones a las tasas de graduación hasta el año escolar del 2011-12", afirmaron Deborah Delisle, secretaria adjunta para la Oficina de Educación Elemental y Secundaria, y Catherine Lhamon, secretaria adjunta de la Oficina de Derechos Civiles.

Sin embargo, Catherine Grant, portavoz de la Oficina del Inspector General de la agencia, dijo que las investigaciones de sobre derechos civiles pueden hacerse más allá del límite de los 180 días y que la oficina "puede conducir una revisión cuando lo desee, y puede investigar en base a cualquier información que indique una posible violación".